El futuro de la sostenibilidad acuática en Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo, conforme a lo establecido por la Unión Europea, con la inminente implementación del canon medioambiental del agua, previsto para entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Esta medida se ha confirmado por la portavoz del Gobierno castellano-manchego, Esther Padilla, en una reciente rueda de prensa donde se han expuesto los detalles de los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno de la región.
Con un compromiso para atender tanto a la economía como al medio ambiente, Padilla ha puesto de relieve la implementación de medidas económicas favorables, como bonificaciones y exenciones, asegurando que existirán hogares que, gracias a este esquema, «ni siquiera lleguen a pagar» este nuevo canon.
Este anuncio surge al hilo de una futura Ley de Acompañamiento de los presupuestos para el año 2024, que se prevé sea aprobada en el pleno de las Cortes regionales. La normativa indicará el levantamiento de la suspensión de este canon, destinando su recaudación a la financiación de proyectos críticos para el abastecimiento y la depuración de las aguas en municipios castellano-manchegos.
Sin embargo, el camino hacia su aplicación no será inmediato, ya que, como ha subrayado Padilla, se está trabajando en el desarrollo de un reglamento específico «para hacerlo de la mejor manera posible». En un intento de clarificar el panorama y contrarrestar afirmaciones contrarias, Padilla ha aseverado que, pese a las declaraciones del Partido Popular, el canon del agua jamás se ha aplicado en la comunidad y no comenzará a cobrarse durante el año 2024. Con esto, el Gobierno castellano-manchego apunta a un proceso transparente y meditado de cara a una implementación efectiva del canon que refuerce la responsabilidad medioambiental en la región.
