El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha manifestado recientemente que la región no contempla la celebración de elecciones en el sector agrario, ateniéndose a la actual representatividad «homologada» y al vacío legal existente a nivel nacional respecto a este tema.
Martínez Lizán, quien se pronunció antes de su participación en la clausura de la Asamblea General de la Asociación de Avicultores de Castilla-La Mancha (Avicam) en Toledo, respondió así a la solicitud de Unión de Uniones. Este colectivo, en una jornada de protestas, había exigido elecciones agrarias para contrastar su influencia frente a otras organizaciones profesionales agrarias (OPAs), tales como Asaja, COAG y UPA, a las cuales acusan de haber perdido representatividad y de actuar en exceso alineadas con la administración.
«Sinceramente no lo tenemos previsto porque creemos que está articulado el elemento de representatividad en estos momentos,» afirmó el consejero, haciendo hincapié en que ya existen mecanismos de diálogo establecidos y reconocidos por la administración.
El funcionario castellanomanchego recalcó la dificultad de organizar un proceso electoral en la región, dada la normativa aprobada en el Congreso de los Diputados que, a su juicio, no resulta suficientemente adecuada para ser implementada en todos los territorios. No obstante, Martínez Lizán reconoció que, de ser posible en el futuro, la región asumiría las normas pertinentes.
El consejero defiende la labor de las actuales asociaciones profesionales agrarias y su papel de interlocutores válidos, haciendo un llamado a continuar la colaboración basada en el respeto y el trabajo serio que hasta ahora han beneficiado al sector.
Al abordar los incidentes de agresiones y amenazas a periodistas durante protestas recientes, Martínez Lizán insistió en la importancia del respeto y afirmó que en ese enfoque encontrarán el apoyo de la Administración.
Sobre la regulación de los comicios agrarios, el consejero explicó que modificar la ley actual sería complejo dado el panorama político actual en el Congreso de los Diputados y la dificultad de definir quién posee derecho a voto en tales elecciones. Subrayó el ejemplo de que, mientras solo 20.000 autónomos podrían votar, hay 97.000 beneficiarios de la Política Agrícola Común (PAC) en Castilla-La Mancha, lo que implicaría una representatividad desequilibrada.
Finalmente, Martínez Lizán aludió al significativo costo económico que implicaría la realización de estos comicios para la Administración y las organizaciones participantes, sugiriendo la necesidad de establecer una normativa efectiva de representatividad antes de proceder con cualquier elección.
