El secretario primero de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha comunicado las iniciativas legislativas previstas para el nuevo periodo de sesiones tras las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces. En estas sesiones informativas, los grupos políticos han sido puestos al tanto de los próximos pasos a seguir en materia legislativa.
Durante una rueda de prensa oficial, Fernando Mora ha delineado el plan del Gobierno autonómico de presentar un conjunto de cuatro proyectos legislativos destinados a debate y posible aprobación en los meses venideros.
Impulsada por la Vicepresidencia Primera, está previsto que llegue a la Cámara una propuesta de Ley de Integridad Pública. Mora ha resaltado que dicha ley busca reforzar «un mayor control por parte de la administración» con respecto a las acciones llevadas a cabo por los cargos públicos, como parte de un esfuerzo por mantener la transparencia y la rendición de cuentas.
Por su parte, la Consejería de Hacienda propondrá la Ley de Acompañamiento, ligada a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, una normativa que suele ser habitual en el ciclo legislativo anual.
En el ámbito educativo y cultural, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se está dando forma a una ley que regulará el Consejo Social de las Universidades presentes en Castilla-La Mancha, evidenciando así la intención del Ejecutivo de fomentar la gestión y el desarrollo de las instituciones educativas superiores de la región.
El último de los proyectos mencionados es el que concierne al ámbito sanitario. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, está trabajando en una ley de Garantías y Medios para la Resolución Alternativa de Conflictos en materia de Consumo. Con esta futura normativa se busca ofrecer a los ciudadanos una vía eficiente y efectiva para la resolución de discrepancias en el consumo, evitando en lo posible la judicialización de los conflictos.
Estas medidas legislativas, según lo reportado por Fernando Mora, serán cuestión de análisis y discusión en los próximos meses, donde los representantes de la ciudadanía en las Cortes de Castilla-La Mancha desempeñarán su papel en la configuración del marco legal de la Comunidad Autónoma.
