Durante una rueda de prensa reciente, Fernando Mora, secretario primero de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha presentado una actualización sobre los próximos movimientos legislativos en la comunidad autónoma. Mora notificó a los miembros de la Mesa y a la Junta de Portavoces los planes del Gobierno regional que incluyen la introducción de cuatro proyectos legislativos clave en el periodo de sesiones actual.
Uno de estos proyectos, promovido por la Vicepresidencia Primera, es la Ley de Integridad Pública, que busca fortalecer las medidas de supervisión sobre el comportamiento de los cargos públicos. Según Mora, el objetivo es reforzar la administración con «un mayor control» que asegure la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública.
Por su parte, la Consejería de Hacienda propondrá la Ley de Acompañamiento de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, una normativa que se presenta de manera habitual y que acompaña los presupuestos regionales de cada ejercicio fiscal.
El departamento de Educación, Cultura y Deportes ha delineado una propuesta para la creación de una ley que regule el Consejo Social de Universidades en Castilla-La Mancha. Aunque los detalles específicos no han sido desglosados en esta comunicación, la ley pretende establecer un marco para la relación entre la comunidad universitaria y la sociedad castellanomanchega.
El último de los proyectos presentados viene desde la Consejería de Sanidad, liderada por Jesús Fernández Sanz, que avanza en una ley enfocada en las Garantías y Medios para la Resolución Alternativa de Conflictos en materia de Consumo. Con esta legislación, el Gobierno regional busca ofrecer soluciones efectivas para la gestión de conflictos entre consumidores y proveedores de bienes y servicios.
Fernando Mora, tras detallar los proyectos legislativos en ciernes, reafirma el compromiso del Gobierno autonómico con la promoción de la legalidad, la transparencia y la mejora de los servicios a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. La agenda proyectada por el Gobierno plantea significativas reformas en diferentes áreas que afectan directamente al bienestar y la integridad de sus habitantes.
