El Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra en el proceso de preparación de una nueva convocatoria de ayudas al alquiler específicamente dirigidas a víctimas de violencia de género. Según se ha informado desde la administración regional, ya se han comprometido 4,8 millones de euros para asegurar que todas las solicitantes que han cumplido con los requisitos establecidos puedan beneficiarse de este programa de soporte económico.
La directora general de Vivienda, Inés Sandoval, ha hecho pública esta información durante su visita al Centro de la Mujer de Olías del Rey. En el encuentro, donde también estuvo presente la alcaldesa Charo Navas y la delegada de Igualdad en la provincia de Toledo, Nuria Cogolludo, se destacó el trabajo vital que representa estas ayudas para las mujeres afectadas y sus hijos.
«Estas ayudas al alquiler no son meras medidas económicas, sino que son un recurso vital necesario para que las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista puedan reconstruir su vida junto con sus hijos e hijas en un hogar seguro», afirmó Sandoval. Según sus palabras, hasta la fecha se han concedido un total de 1.764 ayudas, beneficiando a más de 5.200 mujeres y menores víctimas de violencia de género.
La directora general de Vivienda ha querido resaltar también la importancia del papel que juegan los Centros de la Mujer en la región, apoyando a las víctimas no solo con asesoramiento, sino también asistiendo en la gestión y tramitación de las ayudas.
En cuanto a las características de las ayudas, se ha detallado que generalmente estas cubren el 60% del precio del alquiler. Sin embargo, este porcentaje puede incrementarse al 75% si la beneficiaria o algún miembro de la familia tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% en el caso de discapacidad psíquica o un 65% si se trata de discapacidad física. En situaciones de familias numerosas, procedentes de recursos de acogida o con dependientes a cargo, la ayuda puede llegar a cubrir el 100% del coste del alquiler.
Las beneficiarias deben ser mujeres con la condición reconocida de víctimas de violencia de género y titulares de un contrato de alquiler de su vivienda habitual y permanente. Con esta medida, el gobierno regional afirma estar no solo ofreciendo una solución habitacional, sino también contribuyendo a la creación de un nuevo entorno de vida libre de violencia para las víctimas y sus familias.
