La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha remarcado la urgencia de modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura durante una rueda de prensa efectuada este viernes. Esta declaración surge tras la reunión que tuvo lugar el jueves pasado en el Consejo Nacional del Agua, donde Gómez expresó su preocupación por la situación actual de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que a pesar de tener más de 1.000 hectómetros cúbicos de reserva, ella considera tal cifra como «un espejismo».
La consejera castellanomanchega indicó que las comunidades autónomas receptoras del trasvase se muestran reacias a cambiar la normativa actual que les garantiza un trasvase mensual de 27 hectómetros cúbicos en nivel 2. Gómez insistió en que es vital atender todas las necesidades de la cuenca cedente, las cuales, según ella, están siendo ignoradas.
Asimismo, Gómez criticó la postura de la Comunidad Valenciana respecto a la modificación de las reglas del trasvase, punto de discordia que se intensificó debido a la falta de presentación de un informe técnico dentro del plazo estipulado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que venció el 27 de marzo.
La consejera subrayó la importancia de cumplir con las exigencias ambientales que permitan la recuperación natural de los ríos y aseguró que caudales ecológicos deben ser contemplados. Gómez recalcó los requerimientos para el año 2027 que incluyen un aumento del caudal en Aranjuez de un 44%, en Toledo un 72,5% y en Talavera un 80%.
Gómez puntualizó que Castilla-La Mancha ha presentado sus propuestas técnicas al Ministerio para la Transición Ecológica, basadas en la definición de excedentes y en los embalses de referencia, aspectos clave para el establecimiento de las reglas de explotación. Sin embargo, se abstuvo de detallar dichas propuestas, ya que se está a la espera de los informes del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) sobre el asunto.
Finalmente, Gómez concluyó su intervención resaltando la necesidad de un cambio en las reglas de explotación no sólo en situaciones excepcionales, sino también en la normalidad, tomando en cuenta la situación climática actual y las sentencias judiciales que mandatan la aplicación de caudales ecológicos.
