El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha manifestado que la futura Ley de Simplificación Administrativa de la región incluirá el silencio administrativo positivo y promoverá el uso de declaraciones responsables para agilizar trámites, siempre que esté permitido por la legislación estatal y europea.
En su comparecencia en el pleno de las Cortes, Ruiz Molina ha destacado las acciones para «podar la burocracia» y ha anunciado la creación de una administración más personalizada, que contribuirá igualmente al desarrollo de competencias tecnológicas en la población. Además, se está trabajando en la implantación de una «carpeta digital» individual para que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones de forma más sencilla y personal.
El consejero ha reivindicado el progreso de su consejería, que a lo largo de los últimos 9 años ha promulgado o modificado diversas leyes con el objetivo de simplificación administrativa. Desde 2016 hasta 2023, se ha logrado simplificar o suprimir 444 trámites administrativos para facilitar la relación con la administración. Asimismo, se ha logrado la eliminación de más de 300.000 documentos contables, reemplazándolos por asientos electrónicos y reduciendo a la mitad el tiempo de gestión de estos expedientes.
Sin embargo, el parlamentario de Vox, Iván Sánchez, ha cuestionado estas medidas, describiendo la situación como un «laberinto administrativo» que complica especialmente la vida de los trabajadores del sector primario. Sánchez criticó lo que califica de «violencia administrativa» y ha señalado diversos problemas adicionales, como la dificultad para obtener citas médicas y la demora en el sistema sanitario que pone en riesgo la salud de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
Por su parte, Santiago Serrano, del Partido Popular, ha lamentado que la densidad burocrática obstaculiza la actividad económica y ha pedido una administración que sea «un faro» para los ciudadanos, al tiempo que ha elogiado el modelo de simplificación administrativa aplicado por el Gobierno del PP en Andalucía.
Así mismo, el diputado socialista Fernando Mora ha defendido la política de simplificación administrativa de Castilla-La Mancha, mencionando ejemplos de inversiones empresariales en la región como Meta y Puy du Fou, y ha cuestionado la actuación de PP y Vox en los municipios donde gobiernan.
Dentro de las propuestas de resolución, Vox ha abogado por una mayor simplificación de procesos y una auditoría externa de la Junta para eliminar nombramientos discrecionales. El PP ha sugerido una reducción de plazos, un informe único, la publicación de tiempos medios de tramitación y la creación de un «asistente» virtual para la ciudadanía. Por último, el PSOE ha apoyado la iniciativa del Gobierno regional y ha instado a la aprobación rápida de la ley comprometida.
La discusión en el pleno refleja las diferentes perspectivas sobre la administración pública y la búsqueda de un consenso en cuanto a la necesidad de una gestión más ágil y eficiente que beneficie tanto a la ciudadanía como al desarrollo económico de Castilla-La Mancha.
