El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho un importante anuncio en el contexto del V Foro Económico organizado por El Español Castilla-La Mancha. Durante la mesa de debate titulada ‘El Bienestar Social y la Humanización de los Cuidados en Tiempos de Cambio’, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, destacó la notable transformación del sistema público de dependencia en la región. Esta metamorfosis es especialmente relevante dado que se ha conseguido reducir en un 97% el llamado “limbo de la dependencia”, una situación que, durante muchos años, obstaculizó el acceso a derechos y atención para las personas más vulnerables.
García Torijano aseguró que esta problemática causó mucho daño a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto. Desde 2015, el gobierno regional, liderado por Emiliano García-Page, se comprometió a revertir estos efectos negativos y a recuperar derechos fundamentales para los ciudadanos. La eliminación del limbo de la dependencia no ha sido un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia integral que ha incluido aumentar el financiamiento, contar con más profesionales y mejorar la gestión administrativa.
En la actualidad, Castilla-La Mancha brinda atención a más de 82,000 familias y gestiona 118,000 prestaciones activas. Además, los expedientes se resuelven en un promedio de 165 días, una cifra significativamente inferior a la media nacional de 341 días. Esto posiciona a la región entre las cuatro comunidades autónomas que cumplen con el plazo legal de seis meses establecido por la normativa estatal para el reconocimiento y asignación de recursos.
En el marco de su intervención, la consejera también llevó a cabo una crítica a la infrafinanciación del Sistema de Dependencia por parte del Estado. García Torijano destacó que, a pesar de que en los últimos años ha habido un crecimiento en la inversión, este sigue siendo insuficiente. Frente a esta situación, planteó dos opciones para las comunidades autónomas: o bien optar por no proporcionar las atenciones necesarias, o seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía. En Castilla-La Mancha, según expresó con firmeza, se ha optado por lo segundo.
El año 2026 promete ser crucial, ya que la región alcanzará el mayor presupuesto de Bienestar Social de su historia, con una cifra que asciende a 953,1 millones de euros, de los cuales más de 692 millones estarán destinados a dependencia. Esto consolida una apuesta sostenida por el sistema público a pesar de la continua infrafinanciación.
En cuanto a las propuestas del Partido Popular sobre «blindar» los derechos sociales, García Torijano opinó que quienes hacen tales afirmaciones deben primero recuperar la confianza perdida durante su mandato. Recordó que existieron oportunidades en el pasado para garantizar jurídicamente los derechos sociales y su financiación, las cuales no fueron aprovechadas.
Para la consejera, el mejor enfoque para proteger el sistema público es a través del Estatuto de Autonomía, donde se pueden “blindar los derechos sociales y su financiación de una manera estructural, no coyuntural”. Reiteró la necesidad de coherencia política, enfatizando que las palabras deben alinearse con las acciones.
Finalmente, subrayó que el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa trabajando para consolidar un sistema público fuerte y estructurado, con más de 5,900 plazas residenciales garantizadas y convocatorias resueltas anticipadamente para asegurar estabilidad a las entidades del Tercer Sector. Este compromiso se evidenció en su participación en el foro, donde compartió el panel con representantes de organizaciones como la Fundación ‘la Caixa’, ILUNION VidaSénior y el Grupo CECAP, destacando la importancia de adaptarse a los retos demográficos y sociales actuales en el ámbito del cuidado.
