Castilla-La Mancha aboga por un sistema de financiación autonómica equitativo que garantice la suficiencia de recursos para los servicios públicos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende un nuevo modelo de financiación autonómica justo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado su postura a favor de un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice a todos los ciudadanos un acceso equitativo a los servicios públicos, independientemente de su lugar de residencia y su situación económica. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, expresó esta postura durante su participación en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde estuvo acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández Perlines.

Ruiz Molina hizo hincapié en la necesidad de abordar este nuevo modelo de financiación de manera multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, destacó la importancia de avanzar en la armonización fiscal para garantizar que los tributos cedidos se apliquen de manera equitativa en todos los territorios.

El consejero subrayó que el nuevo modelo de financiación debe garantizar los principios de suficiencia y equidad. En este sentido, insistió en la importancia de que la suficiencia sea dinámica y no esté condicionada a la evolución del ciclo económico. Asimismo, recalcó la necesidad de garantizar la equidad tanto a nivel vertical, entre los diferentes niveles de administración, como a nivel horizontal, entre las comunidades autónomas.

En relación a la condonación de la deuda, Ruiz Molina señaló que el Gobierno regional está a la espera de que el Ejecutivo central comunique la fórmula para determinar el importe que corresponde a cada comunidad autónoma.

En resumen, el Gobierno de Castilla-La Mancha está comprometido con la búsqueda de un modelo de financiación autonómica que garantice la igualdad de acceso a los servicios públicos y promueva la equidad entre las diferentes regiones. Este enfoque busca asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, puedan disfrutar de servicios públicos de calidad.

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