El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un importante contrato en el ámbito de los servicios sociales, al destinar cerca de 24,8 millones de euros para financiar 73 plazas en un centro socioeducativo destinado a la ejecución de medidas judiciales de responsabilidad penal para menores. Así lo ha comunicado Esther Padilla, portavoz del Gobierno regional.
El contrato, que comenzará a regir el 1 de agosto de 2025, tendrá una duración de tres años y cubrirá una amplia gama de servicios esenciales para los menores bajo custodia. Esto incluye atención residencial como alojamiento, alimentación e higiene, además de asistencia socioeducativa, psicológica, psiquiátrica, emocional y sociosanitaria. También se ofrecerán actividades formativas, deportivas y de ocio para los residentes.
Además de estos servicios, el contrato contempla las operaciones necesarias para el buen funcionamiento y mantenimiento del centro, tales como limpieza, lavandería, mantenimiento del edificio e instalaciones, así como vigilancia de seguridad, según ha informadola Junta en una nota de prensa.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, establece que los jóvenes de entre 14 y 18 años son responsables penalmente de sus actos. En este sentido, el principal objetivo de estos centros es facilitar la socialización e integración de jóvenes que enfrentan dificultades y conflictos sociales. La intervención está diseñada para ser psicosocioeducativa, buscando reducir el riesgo de exclusión social y de reclusión.
La consejera ha subrayado que estos recursos están plenamente integrados en la comunidad y ofrecen a adolescentes y jóvenes infractores un entorno estructurado, con horarios y rutinas que promueven su desarrollo personal. A través de actividades socioeducativas, se busca mejorar la competencia social de los jóvenes, proporcionando lo que la portavoz ha definido como «una oportunidad de enseñanza» que favorezca su evolución hacia una vida adulta prosocial.
Este esfuerzo no solo está orientado a prevenir la reincidencia sino también a fomentar la responsabilidad relacionada con los actos cometidos y el daño causado a los demás, contribuyendo así a mitigar las carencias que pueden haber surgido en su entorno familiar y social.
