La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de un hombre en la ciudad de Albacete, acusado de dirigir una organización criminal que captaba inmigrantes en condición irregular, cobrándoles importantes sumas de dinero a cambio de proporcionarles documentación falsa con la finalidad de normalizar su situación legal en el país.
Junto al detenido, hay otras dos personas que han sido imputadas en el marco de este caso. Hasta el momento, se han identificado a ocho individuos que fueron víctimas de este esquema de engaño, aunque las indagaciones siguen en marcha ya que no se descarta la existencia de más afectados. Este progreso ha sido comunicado oficialmente a través de una nota de prensa remitida por la Policía Nacional.
La serie de acontecimientos investigativos se desencadenó tras el aviso por parte de la Oficina de Extranjeros perteneciente a la Subdelegación del Gobierno de Albacete, quienes habían percibido irregularidades en ciertos expedientes, que aparentaban contener información falsa, orientados a conseguir la tarjeta de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo.
Durante el procedimiento de investigación, se descubrió que los responsables del delito inscribían de forma ilegítima a los inmigrantes en viviendas de Albacete aunque nunca hubiesen habitado en dichos domicilios. Además, mediante el cobro de grandes cantidades de dinero, les proporcionaban precontratos de compañías inexistente para que pudieran comenzar su trámite de legalización.
Con la colaboración de la sección de Apoyo al Ciudadano Extranjero del sindicato Comisiones Obreras de Albacete, fue posible encontrar a cuatro de las víctimas, quienes habían desembolsado alrededor de 2.000 euros por la gestión del papeleo administrativo fraudulento. El monto cubría el empadronamiento ilegítimo y la matriculación en cursos de formación.
Los implicados establecían su base de operaciones en una asociación del barrio del Ensanche de Albacete, captando a sus víctimas principalmente por el método del «boca a boca». Les ofertaban servicios de empadronamiento y cursos de capacitación que, en teoría, no deberían generar gasto alguno para los inmigrantes. Los estafadores explotaban la vulnerabilidad, el desconocimiento del idioma y la falta de familiaridad con las normas administrativas de sus víctimas.
Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Albacete, juntamente con la Policía Nacional, investigó detenidamente las empresas ficticias que se utilizaban para los precontratos, proponiendo sancionar a los gestores de dicha asociación.
La intervención policial se ha llevado a cabo en coordinación con diversas entidades, incluyendo la Subdelegación del Gobierno de Albacete (Oficina de Extranjeros), la Unidad de Gestión del Padrón Municipal de Habitantes y Atención al Ciudadano, la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Albacete.
