La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Toledo y vicealcaldesa, Inés Cañizares, ha reafirmado este miércoles la necesidad de un Plan Nacional del Agua que contemple a todas las regiones del país. Este pronunciamiento se da tras la reciente derrota en el Congreso de una propuesta de la Región de Murcia que buscaba detener las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
Durante una rueda de prensa en la presentación del evento ‘Castilla-La Mancha es Moda’, Cañizares defendió que «debe haber trasvases» porque el agua «es un bien de todos los españoles», insistiendo en la importancia de su redistribución. Aún así, la vicealcaldesa resaltó que la solución a la gestión del agua en España radica en la creación de un Plan Nacional del Agua, el cual, según sus palabras, «no existe a día de hoy».
La edil también mencionó que la situación actual lleva a que «las regiones más secas siguen estando secas y las más húmedas, más húmedas», abogando por una gestión integral a nivel nacional que incluya a todas las comunidades autónomas, y no únicamente a Murcia y Castilla-La Mancha. Cañizares enfatizó que, aunque no opina sobre las nuevas reglas del trasvase, considera fundamental que se establezcan planes adecuados para garantizar la sostenibilidad del agua.
En otro ámbito, y a raíz de una consulta sobre la inversión de cerca de un millón de euros aprobada por el Consejo de Ministros para el reacondicionamiento de un puente en la A-42, Cañizares expresó que «siempre es positivo» recibir inversiones para infraestructuras. Sin embargo, lamentó que el Ayuntamiento no hubiera sido notificado sobre el posible peligro asociado al puente en cuestión, señalando que «si el Gobierno de España considera que es un punto negro, yo creo que también su labor es informar al Ayuntamiento de Toledo y a los municipios que de alguna manera se vean afectados».
La vicealcaldesa criticó la «opacidad» del Ejecutivo nacional y reiteró la necesidad de contar con unos presupuestos generales del Estado que permitan abordar diversas cuestiones de infraestructura que son competencia del Gobierno.
