Los contratos de emergencia gestionados a nivel local en la Comunidad Autónoma, especialmente en situaciones de catástrofe como las DANA, serán objeto de estudio por parte de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha durante el próximo año. Fernando Andújar, presidente del órgano, afirmó en una entrevista con Europa Press que, aunque esta fiscalización no es obligatoria, se busca examinar cómo se utiliza esta modalidad de contratación, la cual presenta menos controles debido a su naturaleza urgente.
Esta revisión se enmarca dentro del plan anual de fiscalización que la Cámara tiene programado para el año próximo, el cual incluye además los trabajos obligatorios, como la revisión de la Cuenta General de la Junta, los ayuntamientos y el sector público, según lo estipulado por la Ley de la Cámara de Cuentas.
Andújar destacó la importancia del trabajo de esta institución recuperada, mencionando el uso de herramientas avanzadas como la Inteligencia Artificial y programas informáticos para la extracción de datos, bajo la plataforma ‘Fiscalicex’, que es financiada por los trece órganos autonómicos de cuentas del país. Además, se están considerando fiscalizaciones conjuntas con otras cámaras y el Tribunal de Cuentas, incluyendo una revisión sobre el problema de la vivienda, un tema crucial en la actualidad.
En lo que respecta a las fiscalizaciones en relación con los fondos europeos, se está llevando a cabo un análisis conjunto de cómo se han utilizado los fondos destinados a la digitalización escolar en diferentes comunidades autónomas. También se planea una fiscalización sobre la implementación de Zonas de Bajas Emisiones en Castilla-La Mancha, que comenzará al inicio del año, coincidiendo con la obligación legal de algunos municipios de aplicar esta medida.
Andújar anunció su intención de publicar en la página web de la Cámara de Cuentas los informes elaborados por la Sindicatura de Cuentas regional antes de su disolución, para que quede un registro claro de la situación fiscal en la Comunidad Autónoma durante esos años. En cuanto a la fiscalización de los contratos vinculados a la pandemia de COVID-19, Andújar explicó que el Tribunal de Cuentas se encargó de eso en su momento, y que la Cámara autonómica solo empezó a funcionar meses después de su creación en junio de 2022.
Actualmente, la Cámara de Cuentas cuenta con un equipo de 30 personas distribuidas en cuatro departamentos y una Secretaría General. Sin embargo, Andújar ha señalado que se necesitaría el doble de personal para poder realizar informes más exhaustivos, aunque asegura que se limitan a aquellos «charcos» que pueden manejar.
El presidente ha defendido vehementemente la necesidad de dar a conocer el trabajo de este órgano, resaltando que la transparencia es un requisito esencial que deben cumplir las administraciones. A pesar de reconocer que la fiscalización es un tema complicado, ha expresado su deseo de comparecer más en el Parlamento autonómico para presentar el trabajo anual de la Cámara, no solo en relación a la Cuenta General y la memoria anual, que son las únicas obligaciones legales actuales.
Andújar concluyó enfatizando que la Cámara de Cuentas tiene el propósito de evidenciar cómo se gasta el dinero público, lo cual requiere independencia. Subrayó su compromiso de no ceder a presiones políticas, afirmando que su credibilidad depende de mantener esta independencia.
