La Policía Nacional, en un esfuerzo conjunto con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha concluido una operación que ha resultado en la detención de 52 individuos distribuidos en distintas provincias españolas por el presunto delito de cobro ilegal de prestaciones públicas. Se estima que, a través de su actuación fraudulenta, los involucrados han conseguido defraudar más de 300.000 euros, perjudicando al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Las operaciones policiales se han sucedido en varias localidades, contabilizando 41 arrestos en Albacete, 2 en Alicante, 4 en Madrid, uno en Málaga, otro en Murcia y 3 en Valencia. La revelación de estas aprehensiones se ha hecho pública este lunes por la Policía, indicando que los cargos incluyen el fraude en la obtención de prestaciones.
Entre los detenidos figura un abogado que estaría implicado en la creación de empresas fantasmas con el objetivo de propiciar el cobro fraudulento de prestaciones por desempleo a trabajadores. Este esquema de fraude surgió a la luz tras una denuncia presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social, la cual solicitaba intervención policial ante prácticas ilícitas llevadas a cabo por una empresa en Albacete que pretendía evadir sus deberes financieros con la Seguridad Social. La denunciada, que supuestamente se dedicaba al comercio mayorista de maquinaria y suministros agrícolas, no mantenía ninguna actividad comercial real, siendo su dirección simplemente una vivienda residencial.
Declaraciones subsecuentes de empleados listados por la sociedad, quienes no recibieron prestaciones por desempleo, confirmaron que nunca habían trabajado para dicha empresa, y que habían efectuado pagos a un individuo para cotizar en la Seguridad Social de manera ficticia.
El entramado desbaratado por los investigadores involucró a un abogado con antecedentes por fraude y falsificación documental, así como a un supuesto administrador con un historial de delitos relacionados con estafas y fraudes documentales. Este abogado administraba múltiples sociedades, junto con cómplices, sin ejercer actividades legítimas, y facilitaba altas en la Seguridad Social para que los empleados pudiesen obtener indebidamente subsidios del paro.
En un alcance mayor, se ha descubierto que este abogado y sus asociados están potencialmente vinculados a un fraude que asciende a un total de 12 millones de euros en perjuicio de la Hacienda Pública, actualmente bajo investigación por la Agencia Tributaria de Albacete.
La pronta actuación policial permitió abortar la creación de más empresas fraudulentas y minimizar así el alcance del fraude. El balance económico de la estafa a las entidades estatales supera los 304.000 euros, y sigue en investigación para determinar la totalidad del impacto y para llevar a los responsables ante la justicia.
