El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido el derecho de los municipios a rechazar la instalación de plantas de biometano, citando el ejemplo del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, que ha modificado su normativa urbanística para evitar que se construya una planta en su término municipal. Caballero también ha instado al Ayuntamiento de Torralba de Calatrava a seguir un enfoque similar, ante el interés de dos empresas en establecer plantas de biometano en la zona.
En declaraciones a los periodistas este lunes, Caballero destacó que el Gobierno autonómico apoya las energías renovables, incluido el biometano, siempre que se logre un «consenso social» y se garantice la compatibilidad con el entorno local. El biometano, un gas limpio obtenido a partir de residuos agroalimentarios, ha sido subrayado por el vicepresidente como una alternativa viable, aunque ha alertado sobre la importancia de la ubicación de las plantas.
El caso de Carrión de Calatrava fue utilizado por Caballero para ilustrar cómo los ayuntamientos tienen un papel crucial en decidir la ubicación de estas instalaciones. El alcalde de Carrión ha determinado que el lugar propuesto para la planta no era adecuado y ha comenzado el proceso de modificación de las normas urbanísticas para evitar su construcción.
Lejos de ignorar el descontento social en Torralba de Calatrava ante la propuesta de una nueva planta, el vicepresidente ha solicitado a la alcaldesa, María Antonia Álvaro, que «escuche a sus vecinos» y adopte las mismas medidas que Carrión. «Desde la Junta lo que pedimos es consenso social. Nosotros tramitamos los proyectos que nos llegan, pero la decisión sobre la ubicación concreta es suya, y estamos en condiciones de escuchar lo que decidan», ha afirmado.
