El consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha sugerido que el hecho de que la Comunidad Autónoma sea una de las que más energía renovable genera pueda servir a la hora de reclamar una mayor reversión al territorio y suponga beneficios fiscales en el entorno en extremos como la instalación de empresas.
Durante la jornada ‘Las energías renovables: retos y oportunidades’ organizada por Cepsa y Europa Press, Escudero ha reafirmado que en el actual contexto de emergencia climática el compromiso de «pasar a la acción» debe ser claro y «nadie se puede poner de perfil».
El sector de las renovables ha puesto en valor «las oportunidades» que representan el desarrollo de las energías verdes como «fuente de generación de empleo, riqueza e industria» para las comunidades locales en las que implementan y para generar así un impacto positivo en los territorios.
En esta cita, el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, señaló la necesidad de «comunicar» a esas comunidades «cómo va a mejorar su vida» con el desarrollo de las renovables, «cautivando y concienciando» del «potencial de mejora» que representan para los ciudadanos.
A este respecto, el director general de APPA Renovables, José María González Moya, destacó que las renovables tienen un potencial para «crear 300.000 empleos» y consideró la necesidad de impulsar su desarrollo con «políticas nacionales» que permitan beneficiarse a toda la sociedad.
Por su parte, el director general de Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, defendió «beneficiar» a las comunidades o territorios que favorezcan el despliegue de las renovables, frente a las que no. «Ayudar a que la revolución renovable debe llevar consigo una revolución industrial en esas comunidades autónomas que sí que están apostando por las renovables, ya que eso daría un valor real de transformación para esas regiones», dijo.
APUESTA DE CEPSA POR CONTRIBUIR POSITIVAMENTE A LAS COMUNIDADES
Mientras, la CFO de Cepsa y responsable de ESG, Carmen de Pablo, apuntó «la oportunidad de transformar los territorios» que representa la apuesta de la energética por las renovables, ya que «perseguimos no solo ser una empresa neutra en emisiones de carbono, sino que nuestra actividad permita una contribución positiva en las comunidades autónomas donde estamos presente».
En esta estrategia del grupo se enmarca el programa ‘Sumamos Energía’, donde Cepsa tiene por objetivo hacer participes a los diferentes agentes sociales, involucrando a la ciudadanía y fomentando la colaboración con las administraciones, creando «un espacio de diálogo abierto y constructivo» con todos ellos, dijo de Pablo, quien añadió que una de las iniciativas pasa por la creación de un fondo de desarrollo sostenible local constituido y gestionado por los ayuntamientos, para financiar inversiones sostenibles y acciones dirigidas a la creación de empleo, formación y protección del medioambiente en el término municipal.
En este sentido, Cepsa trabaja ya en el desarrollo de 12 proyectos de energía solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía, que movilizarán unas inversiones de más de 900 millones de euros y generarán más de 5.000 empleos, según indicó el director de Commercial & Clean Energies de Cepsa, Carlos Barrasa, quien enmarcó estos desarrollos en la nueva estrategia a 2030 del grupo -que prevé impulsar 7 gigavatios (GW) renovables para ese horizonte- para «dar un giro verde» a su modelo de negocio y descarbonizar la economía.
ANDALUCÍA HA AVANZADO EN «LA CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO»
En lo que se refiere al caso concreto de Andalucía, la secretaria general de la Asociación Andaluza de Energías Renovables, Gemma García-Pelayo, aseguró que en la región se «ha avanzado bastante en esta creación de valor compartido» y afirmó también que en la comunidad autónoma se están «promoviendo» desde la Junta las comunidades autónomas y apostando por la «involucración» de los agentes desde el principio de los proyectos.
Así, García-Pelayo puso el ejemplo de proyectos de plantas fotovoltaicas donde debajo hay cultivos para las ovejas o un proyecto de apicultura renovable como demostración de que «la creación de valor compartido es bastante importante y está mejorando cada vez más», dijo, añadiendo que, además, en Andalucía se cuenta con una ley del suelo que reconoce las renovables como uso ordinario y que a nivel local se establece que solo se necesite una declaración responsable.
LOS AYUNTAMIENTOS, «LA LOCOMOTORA» PARA LA CIUDADANÍA.
Por su parte, la vicepresidenta de la FEMP y alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, apuntó que los ayuntamientos tienen «mucho que decir» en el objetivo de transmitir el mensaje de las bondades de las renovables, ya que es «la administración más cercana» a los ciudadanos y debe ser «locomotora» para ello.
Además, advirtió de la importancia de afrontar «políticas importantes de repoblación» para que el desequilibrio existente en España entre «pueblos grandes y pequeños», con el 80% de la población del país en el 20% del territorio, «no se produzca».
En esta misma línea, el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, incidió en la necesidad «del acompañamiento para que el vecino entienda claramente que esto es beneficioso», de la mano del «esfuerzo de las empresas de acercarse lo máximo posible».
Mientras, Jerusalem Hernández, socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno KPMG, se cuestionó el motivo que lleva a la población a «seguir rechazando proyectos que son buenos para el futuro» y advirtió de la necesidad de «ayudar» a la sociedad a «comprender qué significa esta transformación y establecer el rol que tienen».
EQUILIBRIO CON EL MEDIOAMBIENTE
En cuanto a la implementación de proyectos renovables en el territorio, el director general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, Félix Romero, indicó que una de las principales dificultades es equilibrar la instalación de este tipo de infraestructuras con el mantenimiento del medioambiente y su impacto en la biodiversidad.
Sobre ello, destacó que se prevé un impulso significativo de la energía fotovoltaica en Castilla-La Mancha, especialmente en zonas agrícolas con bajas rentabilidades, como las destinadas al cereal de secano. Así, puso como ejemplo que con una instalación fotovoltaica se pueden obtener unos rendimientos cercanos a los 1.700 euros por hectárea, frente a los 300 de un cultivo de cereal.
En esta misma línea, el presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, Íñigo Sobrini, ha manifestado su preocupación acerca del impulso de ese tipo de instalaciones en el ámbito rural debido a que, en su opinión, «se están intentando colar por la puerta de atrás» regulaciones tendentes a eliminar las evaluaciones del impacto ambiental ligadas a este tipo de proyectos.
Por su parte, el responsable de medioambiente de proyectos renovables de Cepsa, Carlos Morán, ha señalado que la energética siempre tiene en cuenta a los órganos competentes en materia de medioambiente a la hora de desarrollar sus proyectos, así como a las entidades locales y a los ayuntamientos.
En tanto, el director Transición Ecológica de beBartlet, Alejandro Labanda, defendió que la transición energética no debe generar ganadores y perdedores, mientras que la integrante de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Lourdes Lázaro, ha destacado que para alcanzar los objetivos climáticos es necesario apostar por las energías renovables.
