La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha exigido este miércoles que los embalses de Entrepeñas y Buendía no permanezcan en una situación de excepcionalidad de forma continua, como ocurre actualmente debido a las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Gómez ha reclamado que tales reglas prevean la normalidad, priorizando el abastecimiento a las personas por encima del desarrollo industrial y agrario, y asegurando los recursos necesarios para los municipios ribereños de la región.
Antes de su visita al canal de conexión de ambos embalses, la consejera destacó que los municipios de Castilla-La Mancha, incluida Guadalajara, «son tan españoles como cualquiera» y que tienen derecho a contar con los recursos que requieren. En esta línea, argumentó que la modificación de las reglas de explotación es necesaria para garantizar la equidad en el acceso a los recursos hídricos.
Gómez también se refirió a la conexión de los embalses, diseñada en 1956, que ha tardado casi 28 años en concretarse. Aseguró que esta conexión debería permitir que los excedentes de Entrepeñas nutrieran a Buendía, el embalse aguas abajo con mayor capacidad, que hasta ahora no ha sido capaz de llenarse adecuadamente. Según sus palabras, la falta de disponibilidad de agua dulce en el centro de la península es crítica para la sostenibilidad y biodiversidad de la zona, así como para el desarrollo socioeconómico de los municipios ribereños.
La consejera subrayó la importancia de cumplir con los caudales ecológicos del río Tajo, los cuales aún no se satisfacen conforme a la planificación hidrológica establecida en 2023. Gómez destacó que el río Tajo es el único en España y en la Unión Europea que no cuenta con un caudal ecológico definido, lo que representa un problema para la cuenca cedente que incluye no solo a Castilla-La Mancha, sino también a Madrid, Extremadura y Portugal.
En cuanto a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, la consejera expresó que la situación de espera es insostenible, ya que se debieron haber realizado cambios hace más de un año. Aunque la ministra ha anunciado que se llevará a cabo una consulta pública sobre esta modificación, Gómez considera que el proceso es demasiado lento, especialmente en el contexto de la reciente solicitud del Gobierno de Murcia para declarar zona catastrófica debido a las lluvias del pasado marzo.
La consejera concluyó enfatizando que la región de Murcia ya cuenta con la capacidad de regulación de sus propios recursos hídricos mediante la desalinización, infraestructura que ha sido financiada con fondos de todos los ciudadanos españoles.
