El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado su solicitud de un nuevo modelo de financiación autonómica que le permita afrontar el creciente gasto en servicios, especialmente en el área de Vivienda. Esta afirmación fue realizada por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante su intervención este sábado en relación con la propuesta del Gobierno central sobre Vivienda, presentada en la Conferencia de presidentes que tuvo lugar el viernes en Barcelona.
Hernando expuso que el nuevo planteamiento del Ejecutivo central implica un aumento significativo en la aportación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha al Plan de Vivienda, pasando de 17 millones de euros a 112 millones. No obstante, expresó su preocupación al señalar que este incremento se plantea sin haber discutido previamente un nuevo reparto de la financiación autonómica. «¿De dónde lo tenemos que sacar entonces? El dinero no es infinito», cuestionó Hernando, sugiriendo que esta situación podría obligar a la región a recortar fondos destinados a hospitales, escuelas o atención a personas mayores y dependientes.
El consejero también subrayó que Castilla-La Mancha ya se encuentra en una situación de infrafinanciación, señalando que esta problemática está vinculada tanto a la gestión anterior del Gobierno de María Dolores de Cospedal, que aumentó la deuda regional de 6.000 millones de euros a más del doble, como a la insuficiencia de recursos que ha llevado a la comunidad a requerir endeudamiento adicional. Hernando consideró que la reciente propuesta de quita de deuda podría ser solo un «parche» y no una solución real a la situación.
Además, hizo referencia a las recientes resoluciones del Tribunal Constitucional en relación con los recursos planteados por el Partido Popular contra la Ley de Vivienda, destacando que el Tribunal enfatizó que el Estado conserva competencias en la planificación de políticas de vivienda. Hernando criticó la falta de diálogo y acuerdo por parte del Gobierno central, afirmando que parece querer transferir esa «patata caliente» a las comunidades autónomas.
Por otro lado, el consejero se mostró satisfecho por los avances en la Ley 1/2025 en relación con la ocupación ilegal, que incluye propuestas para un desalojo exprés y el establecimiento de penas de cárcel para aquellos que ocupen viviendas de forma violenta o intimidatoria. Sin embargo, Hernando opinó que esto no es suficiente y que se deben incorporar más medidas que habían sido propuestas anteriormente en la «ley anti ocupas» de 2020.
Finalmente, el consejero defendió que Castilla-La Mancha cuenta con un enfoque propio en materia de vivienda, mencionando el Decálogo de Vivienda presentado por el Gobierno regional y el cumplimiento del Plan 10.000, reafirmando así su compromiso con el bienestar de los ciudadanos.
