Castilla-La Mancha ha demostrado su eficacia en la gestión de la dependencia, situándose hoy como una de las comunidades autónomas que menos tiempo tarda en tramitar y valorar estas solicitudes. Con un promedio de 187 días, la región se encuentra muy por debajo de la media nacional de 334 días, cumpliendo así con los tiempos establecidos por la ley. Este dato resalta el compromiso del gobierno regional por mejorar los servicios a los ciudadanos, permitiendo que en un plazo de cinco meses se complete el proceso de dependencia completo.
Durante una rueda de prensa, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, explicó que la provincia de Guadalajara destaca aún más en este aspecto, con un tiempo de resolución de tan solo 156 días, lo que representa una reducción de 90 días respecto a hace dos años. En cuanto a las cifras, en Guadalajara se gestionan actualmente 11.259 prestaciones, un incremento de 6.800 en la última década, beneficiando a 8.198 personas.
García Torijano hizo hincapié en que Castilla-La Mancha lidera el sistema de dependencia en España, con más de 78.000 beneficiarios y más de 106.000 prestaciones, superando la media nacional en todas las variables analizadas. Además, se informó que el sistema ha generado más de 26.000 empleos, siendo este un dato significativo sobre su impacto en el medio rural.
La consejera recordó la importancia de contar con presupuestos a nivel estatal y el apoyo necesario del Gobierno central, destacando que desde 2015, la partida destinada a la dependencia ha aumentado en un 74%, pasando de 372 millones a 649 millones de euros en la actualidad. Este esfuerzo ha permitido reducir la lista de espera a un alarmante 1,2%, siete veces menos que la media nacional.
En lo que se refiere al «limbo de dependencia», es decir, el tiempo que transcurre desde la valoración hasta la prestación, también se han logrado avances significativos, con una reducción del 97% en los expedientes pendientes en los últimos diez años, registrándose actualmente menos de mil casos en esta situación.
García Torijano mostró su satisfacción por los resultados obtenidos gracias a la gestión de las distintas delegaciones, que permitieron tramitar cerca de 32.000 nuevas solicitudes y realizar casi 30.000 valoraciones. Además, destacó que la comunidad ha tenido un flujo significativo de expedientes de otras regiones, especialmente de la Comunidad de Madrid, donde se han recibido semanalmente unas diez solicitudes de traslado.
A pesar de estos logros, la consejera manifestó su preocupación por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), advirtiendo que la prórroga de las cuentas del 2024, que impide el crecimiento, podría causar un impacto negativo en las políticas sociales de la región. Subrayó que no aprobar el techo de gasto podría suponer una reducción de 100 millones de euros para Castilla-La Mancha, lo que afectaría considerablemente las políticas en materia de dependencia. Sin embargo, reafirmó el compromiso del presidente Emiliano García-Page de proteger las áreas sociales, asegurando que este ámbito se encuentra blindado en la región.