La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha anunciado que el Consejo de Gobierno llevará a cabo una reunión extraordinaria este viernes para abordar la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo. Este recurso se centrará en el controvertido reparto del impuesto a la banca acordado por el Gobierno central y el partido Junts.
Padilla ha destacado que el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es «muy contundente» en su forma y fondo, al considerar que el pacto es inconstitucional. El dictamen sostiene que no se puede tomar una decisión que afecte a las comunidades autónomas sin contar con ellas y sin modificar la ley orgánica de financiación correspondiente. Además, el informe indica que este acuerdo va en contra del principio de solidaridad consagrado en la Constitución Española.
La portavoz ha expresado su desacuerdo con el reparto propuesto, señalando que lo lógico sería distribuir el impuesto en función de las necesidades de cada comunidad autónoma. Sin embargo, critica que se haya acordado favorecer a las comunidades más ricas, lo que también podría ser objeto de impugnación según el dictamen del Consultivo.
En otros temas, Padilla se refirió al acuerdo del Gobierno central con Junts relacionado con el traslado de menores desde Canarias a las comunidades autónomas. Afirmó que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha manifestado desde el principio la intención de Castilla-La Mancha de ser solidaria, recordando su reciente visita a Canarias para expresar esta disposición al Gobierno canario. Subrayó la importancia de seguir los estándares de la Unión Europea en la atención a estos menores, evitando el hacinamiento.
La consejera también enfatizó la necesidad de inversión adecuada para garantizar una acogida digna para los niños. En este contexto, criticó la falta de coherencia en la solidaridad de los acuerdos con Junts, un partido que, según ella, se opone a los principios de solidaridad.
Finalmente, Padilla comparó la situación con los pactos entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, que, según ella, criminalizan a los niños inmigrantes. Defendió una postura de solidaridad igualitaria entre las comunidades autónomas, pidiendo una crítica unificada frente a cualquier acuerdo que contradiga esos principios, refiriéndose al pacto de Junts como un acuerdo «bochornoso».
