El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que su Comunidad Autónoma se encuentra en proceso de preparación para recurrir al Tribunal Constitucional la reciente convalidación en el Congreso de los Diputados del real decreto ley que establece el reparto de menores migrantes no acompañados. Durante su intervención en el ciclo ‘Vecinos y amigos’ del Heraldo de Aragón, García-Page calificó esta medida de «drama» y un «atropello lamentable».
El presidente regional, al criticar la ley, señaló que lo aprobado representa una «barbaridad» en el intento de solucionar la situación de los menores. Según su análisis, se trata de una «treta» del Estado que impone a las comunidades autónomas una idea de «solidaridad obligada», algo que él considera inaceptable, ya que la solidaridad no puede ser forzada.
García-Page lamentó que el acuerdo significa que las comunidades deben asumir la responsabilidad de un cupo de menores, que no se limita a los que provienen de Canarias, sino que incluye a todos los que queden sobresaturados en el resto del país. Este reparto, según el presidente, se ha materializado en un clima de «inflamación dialéctica» y sin haber mantenido las debidas conversaciones con las autonomías, ni haber aportado recursos económicos por parte del Estado. «Practica mucho la política esta de yo invito y tú pagas», afirmó.
El presidente también aclaró que la redistribución de menores desde Canarias y, en ocasiones, desde Andalucía, siempre se había gestionado a través de acuerdos. Subrayó que el verdadero problema no radica en los menores, sino en aquellos que utilizan a los niños como herramientas políticas.
