El Gobierno ha llevado a cabo más de 2.000 traspasos de competencias a comunidades y ciudades autónomas entre 1978 y 2025, según datos del Ministerio de Política Territorial. En esta lista, Castilla-La Mancha ocupa el decimoquinto lugar, con un total de 93 transferencias. En el ranking, Cataluña lidera con 196 traspasos, seguida de Andalucía y Galicia, ambas con 156, y la Comunidad Valenciana con 134.
La recopilación de datos indica que el periodo más largo sin transferencias fue entre 2015 y 2017, durante el mandato del presidente Mariano Rajoy. Sin embargo, una vez asumido el cargo en 2018, Pedro Sánchez ha reactivado las transferencias, con un total cercano a 45 desde su llegada, siendo Euskadi la comunidad que ha logrado más, con 23 traspasos.
Recientemente, el Gobierno central y Euskadi acordaron el traspaso de las prestaciones contributivas y el subsidio de desempleo, completando un bloque importante de traspasos relacionados con la Seguridad Social. En julio, también se llegaron a acuerdos para la gestión de prestaciones no contributivas y otros aspectos de la Seguridad Social.
Además de Euskadi, otras comunidades han logrado diversas transferencias. Cataluña ha recibido la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y varias ampliaciones en la gestión de la Administración de Justicia. Navarra, por su parte, ha asumido competencias en sanidad penitenciaria, IMV y tráfico, aunque este último ha enfrentado modificaciones debido a una anulación del Tribunal Supremo.
Baleares y Canarias han recogido la gestión del litoral, aunque han expresado su descontento por considerarlo incompleto. En el caso de Galicia, se cerró un acuerdo para la transferencia de esta misma competencia, el primer traspaso desde 2008.
La Comunidad de Madrid también ha recibido una ampliación en el ámbito de la asistencia sanitaria. Sin embargo, un total de diez regiones no han conseguido nuevas competencias desde el inicio de este Gobierno, aunque algunas han logrado cesiones fiscales.
Este conjunto de movimientos refleja la dinámica cambiantes en la relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, con un enfoque renovado bajo la administración de Sánchez.
