El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha expuesto la posición que la comunidad autónoma defenderá durante la Conferencia de Presidentes que se celebra en Santander. Hernando ha señalado que una de las principales demandas del presidente regional, Emiliano García-Page, será la de establecer un Pacto de Estado en materia de vivienda, que incluya una revisión exhaustiva de la actual ley, ya que considera que esta última «es mejorable y debe aunar mayor consenso».
Hernando ha comentado a los medios de comunicación, desde la Península de La Magdalena, que actualmente los grupos parlamentarios que apoyaron la ley de Vivienda hace un año no contarían con una mayoría en el Parlamento, lo que pone de relieve las insuficiencias de la legislación vigente. Según el consejero, las mejoras que se realicen deben surgir de un amplio consenso, reflejando la importancia del reto que representa la vivienda en España.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elaborado un decálogo que recoge todos estos planteamientos para presentar en la conferencia. Entre las propuestas destacan la necesidad de agilizar la normativa relacionada con el suelo y movilizar terrenos disponibles para facilitar su uso tanto por promotores públicos como privados. Además, se sugiere incorporar suelos privados a las políticas públicas de vivienda.
Otras iniciativas proponen la agilización de la aprobación de licencias, así como la inclusión de equipos externos que colaboren con la administración para desbloquear trámites urbanísticos. También se apuesta por la construcción industrializada y se considera fundamental invertir en formación profesional para abordar la escasez de mano de obra en el sector.
El Gobierno regional ha solicitado, igualmente, que se agilicen las ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se habiliten nuevas vías de apoyo. Se plantea un nuevo plan de vivienda que contemple programas de asistencia para la urbanización de terrenos, la construcción de vivienda asequible, ayudas directas para la compraventa, asistencia al alquiler —incluyendo un programa específico para mujeres víctimas de violencia de género—, así como rehabilitación de vivienda y barrios.
Además, se insinúa la necesidad de poner a concurso todos los suelos públicos, facilitar beneficios fiscales que estimulen la construcción y modificar la ley del suelo para garantizar una mayor seguridad jurídica en los planes de tramitación. También se solicita implementar seguros nacionales en materia de impagos, desperfectos y defensa jurídica, a cambio de la limitación de precios de alquiler para particulares.
Por otro lado, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que el objetivo de García-Page en la reunión es conseguir un compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica que sea uniforme para todas las comunidades de régimen común. Ruiz Molina ha resaltado que el modelo castellanomanchego busca garantizar la igualdad de derechos a los servicios públicos fundamentales para todos los españoles, lo cual es inconsistente con un modelo singular para Cataluña. Además, ha hecho hincapié en que la distribución de impuestos debe ser discutida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
