Castilla-La Mancha está promoviendo la implementación de contenedores digitales de residuos en la región, actualmente sin este sistema. La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030, presentado en las Cortes por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro. La funcionaria subrayó que el uso de tecnologías digitales en la recolección de residuos permite obtener mejores resultados y cumplir los objetivos de recogida establecidos a nivel nacional.
Haro explicó que este sistema, que utiliza una tarjeta para abrir el contenedor y que ha mostrado eficacia en comunidades como el País Vasco y Cataluña, también tiene el potencial de reducir costos para los ciudadanos que realizan una correcta selección de residuos. “Precisamente estas medidas son para que el vecino acabe reduciendo su coste”, afirmó.
En relación a los proyectos de incineradoras, invitó a los consorcios de Ciudad Real y Toledo a identificar un municipio dispuesto a acoger este tipo de iniciativas, sugiriendo que, tras su selección, el Gobierno regional podría intervenir en el proceso normativo necesario para su operación.
Sobre las tasas de residuos, Haro aclaró que la reciente Ley 7/2022 no contempla un aumento en los costos para los ciudadanos, sino que busca una mejor información acerca de los mismos. La ley permite a los municipios diseñar ordenanzas fiscales con deducciones, lo que podría ayudar a gestionar mejor los costes que enfrentan los vecinos. Para ello, el Gobierno regional se ofrece a colaborar con los consistorios mediante la elaboración de guías informativas y jornadas formativas.
Haro también señaló que la normativa de gestión de residuos de la región tiene la aprobación de la Comisión Europea, un aspecto que refleja el esfuerzo por mantener actualizados los planes pertinentes. Informes basados en datos de 2019 resaltan que la tasa de recogida separada en Castilla-La Mancha es insuficiente, representando solo un 22,22%, de los cuales un 6,56% se gestiona a través de contenedores de fracciones separadas como envases, vidrio y papel.
En cuanto al diagnóstico de residuos, se concluyó que mientras los residuos municipales constituyen el 39,6% del total generado, una parte significativa, el 57%, se relaciona con la construcción y demolición.
Durante el debate en las Cortes, las opiniones de los distintos grupos parlamentarios variaron. Francisco José Cobo de Vox expresó su oposición a la agenda 2030 y solicitó detalles sobre las tasas que impactarán a los ciudadanos. En contraste, Santiago Lucas-Torres del PP mostró apoyo al plan, sugiriendo también el desarrollo de plantas de biogás y un mayor uso de residuos de construcción. Desde el PSOE, Francisco José Barato valoró el plan como una solución proactiva y alineada con la sostenibilidad y la jerarquía europea en el tratamiento de residuos.
