La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha destacado este miércoles la reciente aprobación del decreto que regula la concesión directa de subvenciones dentro del Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en el mercado de trabajo protegido de la región. Esta medida moviliza más de 31 millones de euros y tiene como objetivo fomentar la contratación de cerca de 5.000 personas con discapacidad a lo largo de 2025.
Padilla ha explicado que estas ayudas buscan «atender la singularidad de estos colectivos, que enfrentan especiales dificultades para su inserción laboral, así como las necesidades específicas que requieren sus puestos de trabajo para que puedan desempeñarlos con todas las garantías». Gracias a políticas de este tipo, Castilla-La Mancha se posiciona tres puntos por encima de la media nacional en la tasa de actividad de personas con discapacidad, tal como ha indicado la Junta en una nota de prensa.
Los beneficiarios de estas ayudas incluyen a aquellas personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, con un énfasis especial en quienes padecen parálisis cerebral, trastornos de salud mental, discapacidad intelectual o trastorno del espectro del autismo. También se dará prioridad a las personas con discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65 por ciento. En total, se prevé que 98 entidades gestionen estas ayudas, con una proyección de 4.900 personas beneficiarias.
El programa se estructura en tres líneas de actuación. La primera, con 1,2 millones de euros, se destina a subvencionar inversiones fijas que generen empleo en centros especiales de empleo, incluyendo maquinaria y equipos informáticos. La ayuda podrá llegar hasta 12.000 euros por cada contratación indefinida o transformación de contrato temporal a indefinido. La segunda línea, con una asignación de 28 millones de euros, subvenciona el coste salarial de las personas con discapacidad contratadas, con cuantías que varían entre el 40 y el 45 por ciento del salario, en función del tipo de discapacidad y la estabilidad del puesto de trabajo. La tercera línea, dotada con 900.000 euros, financia los servicios de ajuste personal y social a través de unidades de apoyo, estableciendo una cuantía de 1.440 euros anuales por cada contratación indefinida o por al menos seis meses.
Además, la portavoz ha resaltado que uno de cada tres euros de la Estrategia Regional por el Empleo se destina a medidas inclusivas, lo que demuestra «nuestra apuesta por la igualdad de oportunidades, independientemente de las capacidades de cada persona».
En otro ámbito, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Toledo, con el fin de garantizar, un año más, el funcionamiento de la red de bibliobuses durante 2025. Esta medida reafirma el compromiso del Ejecutivo autonómico con el acceso a la cultura y la igualdad territorial, permitiendo que la cultura y la lectura lleguen a pequeños municipios sin biblioteca pública.
En la provincia de Toledo, el servicio es proveído a través de dos bibliobuses que cubren las zonas de La Sagra-Torrijos y Talavera de la Reina. Estos vehículos llegan a casi 30.000 personas, haciendo 92 paradas en 72 municipios. En la primera área, hay más de 4.300 personas inscritas en 21 municipios, mientras que en la segunda hay más de 3.500 en 51 municipios.
La portavoz ha subrayado la importancia de que «todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, tengan el mismo derecho al acceso a los servicios». Actualmente, la red de bibliobuses de Castilla-La Mancha cuenta con ocho vehículos que llegan a cerca de 330 municipios y 75.000 personas en áreas rurales. Realizan casi 60.000 préstamos al año, con más de 18.000 personas inscritas y un fondo documental que supera los 135.000 ejemplares. Además, anualmente se destinan cerca de un millón de euros para su funcionamiento en las cuatro provincias.
