El XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, ha expuesto importantes y preocupantes desigualdades en la cobertura y modelos de gestión de los servicios de dependencia en las distintas comunidades autónomas. Esta investigación fue presentada este viernes en el Congreso de los Diputados.
De acuerdo con el informe, solo nueve comunidades han superado la escala de evaluación este año, destacando a Castilla y León y Castilla-La Mancha, que lideran con 8,3 puntos cada una. En el extremo opuesto, Murcia (3,1), Canarias (3,3), Cataluña (3,6) y Cantabria (3,6) se encuentran entre las peor valoradas.
El estudio analizó 18 indicadores, que incluían el número de personas beneficiarias de prestaciones efectivas, el limbo de la dependencia y el gasto público en servicios, entre otros. Sin embargo, se realizó una desgarradora revelación: más de 34.000 personas fallecieron en 2024 mientras esperaban ser valoradas o atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia, lo que equivale a una muerte cada 15 minutos. Además, más de 270.000 personas continúan aguardando una evaluación o atención.
El informe consigna que de diciembre de 2023 a noviembre de 2024, 34.252 personas fallecieron en la lista de espera, 17.158 de ellas pendientes de resolución y 17.094, a pesar de tener reconocida su situación de dependencia. Según los portavoces de la asociación, este flujo de muertes es un indicador alarmante de las deficiencias en el sistema. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación, criticó la incapacidad del sistema de atención y subrayó que «si no hubiera 270.000 personas en lista de espera, no habría tantos muertos».
A la fecha, 270.325 personas continúan en espera de atención, lo que representa una disminución respecto al año anterior, aunque se pronostica que, al ritmo actual, tomaría más de diez años alcanzar la plena atención para todos estos solicitantes. Este dato ha generado controversia, ya que el Ministerio de Derechos Sociales ofreció cifras menores, provocando un desacuerdo palpable entre las entidades implicadas.
El tiempo medio de espera para los solicitantes ha aumentado, alcanzando los 334 días en 2023, un incremento respecto a los 324 días del año previo. Ramírez enfatizó la necesidad de reducir estos tiempos, advirtiendo que muy pocas comunidades autónomas logran atender a los solicitantes en el plazo ideal de 180 días.
El informe también destaca que el 44% de la reducción en las listas de espera se atribuye a fallecimientos en lugar de una mejora en la gestión por parte de las comunidades autónomas. Notablemente, en Madrid y Canarias se ha incrementado el número de personas que aguardan recibir prestaciones a lo largo de 2024.
En un lado positivo, el estudio reporta un incremento en el número de personas atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia, alcanzando los 1.518.424, cifra que representa un crecimiento del 7,55% frente a principios de año. Además, han aumentado las personas con situación de dependencia reconocida, así como las solicitudes y resoluciones.
No obstante, la Asociación critica que a pesar del aumento de financiación en el periodo 2021-2023, el sistema se desarrolla bajo un modelo «low cost», ofreciendo prestaciones y servicios que no satisfacen adecuadamente las necesidades de los beneficiarios. Por ejemplo, la teleasistencia presenta cifras alarmantes, con 65.973 beneficiarios que dependen exclusivamente de este servicio.
El informe también señala que la ayuda a domicilio ofrece una atención insuficiente, con un promedio de 35,65 horas al mes, lo que se traduce en alrededor de dos horas y media diarias, un nivel claramente deficitario para quienes requieren apoyo constante.
Finalmente, mientras se discute un nuevo proyecto de reforma de la Ley de Dependencia, la Asociación subraya que se está realizando sin un incremento presupuestario adecuado y sin cumplir los contenidos de la vigente ley. Piden una inversión adicional de 1.000 millones en los próximos presupuestos y exigen a las comunidades autónomas que agilicen los trámites para reducir las listas de espera y mejoren las cuantías y la intensidad de las prestaciones ofrecidas.
