El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha expresado la posibilidad de que el Gobierno regional recurra el decreto-ley que regula el reparto de menores migrantes, debido a las discrepancias en relación a la financiación que recibirán del Gobierno de España. Durante una atención a los medios de comunicación antes de la inauguración de la Feria de Artesanía de Cuenca, Martínez Guijarro destacó la histórica solidaridad de la región, pero enfatizó que la colaboración no debe comprometer los presupuestos de la comunidad autónoma.
Las preocupaciones del Ejecutivo regional se centran en la financiación destinada a la atención de los 600 menores que, según se establece, deberían ser atendidos. El vicepresidente afirmó que la asignación de 100 millones de euros resulta insuficiente para cubrir las necesidades del Gobierno de España y señaló que Castilla-La Mancha no cuenta con las 600 plazas necesarias para estos niños.
Martínez Guijarro aseguró que cumplirán con la ley, pero también defenderán los intereses de la comunidad autónoma. Indicó que el decreto-ley será estudiado minuciosamente y que es probable que decidan recurrirlo. Asimismo, hizo un llamado tanto al Gobierno central como al principal partido de la oposición para buscar un acuerdo que aborde de manera efectiva la situación de los menores no acompañados que llegan al país.
En otro orden de cosas, el vicepresidente también se refirió al inicio del curso político, recordando que en el próximo Consejo de Gobierno se discutirá el techo de gasto, con la intención de aprobarlo en el pleno de septiembre. A partir de ahí, comenzarán a elaborar los presupuestos para Castilla-La Mancha, con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero. Entre las prioridades del Ejecutivo regional se encuentran el mantenimiento de los servicios públicos, la mejora de las infraestructuras y el fomento del crecimiento económico.
Por último, Martínez Guijarro manifestó el deseo de que esta nueva temporada política permita abordar de manera efectiva el modelo de financiación de las comunidades autónomas, un tema que consideró como el “gran reto” relacionado directamente con la sostenibilidad de los servicios públicos.
