El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha expresado su confianza en que el Congreso de los Diputados formule una consideración sobre la tramitación del nuevo Estatuto autonómico antes de que finalice el año. Este proyecto se espera que sea aprobado en el Parlamento castellanomanchego el jueves, y Martínez Guijarro confía en que el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la región respalde la nueva Carta Magna tanto en el Congreso como en el Senado, con la mirada puesta en una aprobación definitiva prevista para 2026.
En una entrevista concedida a Radio Castilla-La Mancha, el vicepresidente manifestó que el nuevo Estatuto representa una norma dirigida a «las dos siguientes generaciones» y lo consideró un «hito histórico» en la trayectoria de la Comunidad Autónoma. En su intervención, Martínez Guijarro destacó el «clima actual» de diálogo con la oposición, descrito como uno de «normalidad institucional» que ha permitido alcanzar un acuerdo y elaborar un texto con la participación de la sociedad civil. Resaltó que este tipo de consenso debería ser «lo que debería ser la normalidad en todo el país».
El vicepresidente también se refirió a la importancia de que el apoyo del PP a nivel regional en las Cortes autonómicas no se tradujera en un rechazo a nivel nacional, lo que sería «inexplicable». Subrayó que el Estatuto se ha desarrollado con un enfoque de respeto hacia todas las partes y sin generar fricciones que pudieran entorpecer su tramitación y consenso, tomando lecciones de la experiencia fallida en este ámbito hace más de una década.
Al ser cuestionado sobre si un posible adelanto electoral a nivel nacional podría complicar la tramitación del Estatuto, Martínez Guijarro admitió que tal eventualidad podría retrasar el proceso entre seis y ocho meses, lo que no sería beneficioso.
Entre los aspectos destacados del nuevo Estatuto, mencionó temas clave como la gestión del agua, los aforamientos y la creación de una Agencia Tributaria propia, además de la defensa de las zonas rurales, que se establece en el texto.
