El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su profundo rechazo ante el reciente acuerdo de inmigración alcanzado entre el PSOE y Junts, que prevé la delegación de competencias migratorias a la Generalitat. La Junta considera que este pacto permite que Junts decida en el futuro la expulsión de inmigrantes, lo que, a su juicio, representa un «flaco favor» para el president, Salvador Illa.
En una rueda de prensa, la consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, abordó el tema y anunció que el presidente Emiliano García-Page ofrecerá su opinión sobre este asunto en un pronunciamiento «rotundo y contundente» programado para este miércoles. Padilla calificó a Junts como «aliado extremista de derechas» que vincula «la inmigración con la delincuencia» y que se apoya en postulados comparables a los de la extrema derecha y al expresidente estadounidense Donald Trump.
La consejera hizo hincapié en que la retórica utilizada por Junts, en la que se presenta a los inmigrantes como un problema en Cataluña, hace un daño considerable a la figura del president Illa. Desde la Junta, se defiende que Illa es una garantía para mantener un modelo de política migratoria integradora, y se ha solicitado que se aguarde la forma en que se desarrollará este acuerdo en el Congreso, apuntando a que podría no prosperar, dada la oposición de partidos como Vox, PP, Podemos y parte de Sumar.
Asimismo, la consejera ha cuestionado la legitimidad de desviar competencias de tal sensibilidad, afirmando que según el artículo 149 de la Constitución Española, la inmigración debe seguir siendo una competencia exclusiva del Estado. «Creemos que hay competencias como esta que nunca deberían dejar de ser del Estado», subrayó.
Padilla también manifestó su preocupación por el impacto que este acuerdo podría generar en la Policía y la Guardia Civil, reiterando el rechazo a la idea de asociar la inmigración con la criminalidad que perpetúan ciertos sectores políticos, como el de Puigdemont, Vox y Aliança Catalana.
