El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su intención de mantener una reunión con el Ejecutivo central para discutir las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. La consejera portavoz, Esther Padilla, ha remarcado que el plazo para llevar a cabo este encuentro expiró en septiembre, y ha enfatizado que el Gobierno regional no está dispuesto a aceptar «prórrogas» ni a ir «a los penaltis» en una situación que considera crítica.
Durante la inauguración de la muestra de la Agencia EFE ‘Momentos icónicos de la historia de Castilla-La Mancha’ en Toledo, Padilla ha criticado la falta de comunicación entre el Gobierno central y el regional, señalando que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, no se ha reunido con ningún miembro del Ejecutivo autonómico desde que asumió el cargo hace un año.
La portavoz del Gobierno castellano-manchego ha advertido que, si no se cumplen las leyes y sentencias relacionadas con el trasvase, tendrán que considerar la vía judicial. «Es un paso que será duro, pero lo haremos», ha declarado, subrayando que ya han pasado dos años desde que se aprobaron nuevos planes hidrológicos sin que se haya alterado la situación.
Padilla también ha calificado este asunto como uno de «voluntad política», afirmando que no se puede esperar hasta el último instante para modificar las reglas de explotación del trasvase. Ha subrayado la importancia de cumplir con sentencias del Tribunal Supremo y directivas europeas, instando al Gobierno central a publicar la ley correspondiente sin más demora.
A día de hoy, ni siquiera hay un borrador de la nueva normativa, lo que ha llevado a Padilla a lamentar que se continúe utilizando el trasvase de manera que desobedece la legislación vigente y las disposiciones de los tribunales. «No sé qué más podemos decir para que se salgan las cosas», ha concluido.
