El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado la decisión de recurrir el decreto sobre el reparto de menores migrantes, autorizando a sus servicios jurídicos a llevar a cabo este proceso. La razón principal detrás de esta acción es la falta de financiación por parte del Ejecutivo central, lo que pone en riesgo la tutela que las comunidades autónomas deben proporcionar a estos menores.
La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha subrayado que las autonomías requieren recursos suficientes para asumir esta responsabilidad y ha lamentado que el decreto se haya aprobado sin un diálogo adecuado entre las diferentes regiones. Según Padilla, la falta de compensación económica hizo que el decreto comprometiera gravemente el interés superior de los menores involucrados.
Padilla ha enfatizado que, si bien están de acuerdo con la necesidad de solidaridad en la acogida de menores migrantes, esta acción debe llevarse a cabo con dignidad. Ha criticado que las condiciones impuestas por el decreto dificultan la capacidad de las comunidades autónomas, incluyendo Castilla-La Mancha, para brindar la atención adecuada.
El decreto estipula que Castilla-La Mancha debería acoger a 500 niños migrantes adicionales, lo que supondría un costo annual de más de 26 millones de euros, cifra que el Gobierno regional indica que no cuenta con ningún tipo de financiación. Este hecho ha motivado la decisión de recurrir el decreto, ya que la Junta considera inaceptable asumir esta carga sin el respaldo económico necesario.
Además, respecto al informe del Consejo Consultivo, Padilla ha mencionado que este documento señala un «flagrante quebranto» en la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como una posible invasión de competencias exclusivas de Castilla-La Mancha en la atención a menores. El informe también critica la creación de este decreto, sugiriendo que no era necesaria una normativa excepcional que excluyera a las comunidades de la toma de decisiones.
Padilla ha reiterado que su objetivo no es evitar la acogida de menores, sino garantizar que se dispongan de los recursos necesarios para hacerlo dignamente. Con más de 1,100 niños tutelados actualmente en la región, de los cuales 550 están en familias de acogida y 560 en plazas del sistema, la consejera ha destacado que las instalaciones están actualmente a un 96,5 por ciento de ocupación.
En su intervención, Padilla ha cuestionado la lógica de evaluar la capacidad de acogida solo en función de la población de una comunidad autónoma, señalando que se deben considerar los recursos disponibles antes de aceptar un aumento en la cantidad de menores a acoger.
