El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado cuenta de la aprobación del techo de gasto no financiero previsto para el próximo año en la región, cifra a partir de la cual se podrán elaborar los próximos presupuestos, que en el caso de 2023 ascenderá a 7.554,3 millones de euros, 22 menos que en 2022.
Tras esta aprobación, se deriva el trámite a las Cortes regionales para que le den luz verde, requisito imprescindible para empezar a preparar las cuentas autonómicas. El objetivo, ha dicho, será que una vez más los presupuestos generales entren en vigor el 1 de enero.
El trabajo de los técnicos y la información recibida en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera han servido para fijar la cuantía total de 7.554,3 millones, «una cantidad prácticamente similar a la que ya se aprobó en 2022», una reducción de 22 millones de euros pero que «consolida» la cifra.
Ruiz Molina ha hablado del «rigor» en la preparación de las estimaciones, «con el máximo de prudencia con el fin de que lo que se gaste esté en consonancia con lo que se prevé obtener».
En segundo lugar, Ruiz Molina ha hablado de «responsabilidad» al elaborar el techo de gasto, «a pesar de ser un año electoral y la tentación que pudiera haber de aumentar la capacidad de gasto».
«Hemos decidido acometer una reducción de nuestra apelación al endeudamiento superior al 70%. Aumentar el gasto electoral puede ser tentación de los gobiernos, pero apelamos a la responsabilidad porque no paree adecuado», ha señalado.
Otro de los aspectos que ha querido destacar es que con esta cuantía «se garantiza el compromiso adquirido con la ciudadanía» y se congela la presión fiscal.
En cuanto a ingresos propios no financieros, estima Ruiz Molina que vendrán 7.234 millones de euros, una variación del 23% con respecto al año anterior. El 85% son ingresos que corresponden a la región como consecuencia del sistema de financiación vigente, e incluye las entregas a cuenta y la liquidación correspondiente a 2021.
El elevado porcentaje que representan las entregas a cuenta hace ver la importancia de «seguir reivindicando una mejor financiación autonómica», ha indicado.
El 15% restante están constituidos por ingresos de carácter tributario; transferencias recibidas de otras administraciones, ya sea nacional o europea; y la apelación a endeudamiento será del 0,03% del PIB, una reducción de más del 70% con respecto a 2022.
SUMAR TRANSFERENCIAS FINALISTAS
A este montante se sumarán las transferencias finalistas y los recursos que corresponden del Plan de Recuperación y Resiliencia, datos con los que se elaborarán los presupuestos generales.
«La maquinaria presupuestaria funciona con absoluta normalidad gracias a la normalidad institucional», ha dicho Ruiz Molina, quien ha certificado que los próximos presupuestos pretenden «incentivar la actividad económica, proteger a los más vulnerables y continuar reforzando los servicios públicos».
