El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la atención a menores en situación de vulnerabilidad, al aprobar una orden que desarrolla el Concierto Social destinado a la gestión del Servicio de Acogimiento Residencial de Menores y la ejecución de medidas judiciales de convivencia. Esta iniciativa contará con una inversión de 106,7 millones de euros y estará en vigencia por un periodo de cuatro años, con la opción de prórroga por otros 10 años.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha sido la encargada de dar a conocer esta medida en una rueda de prensa. Según sus declaraciones, se ha alcanzado un gran consenso con las asociaciones que forman parte del Tercer Sector, lo que permitirá ofrecer un total de 530 plazas de acogimiento a los menores que más lo necesiten, a través de 60 entidades.
Torijano especificó que las plazas se dividen en dos tipos: 522 plazas de acogimiento residencial, que abarcan hogares de atención, centros de acogida y centros especializados para casos con discapacidad, mientras que las medidas judiciales contarán con 8 plazas específicas.
Las entidades que podrán beneficiarse de este concierto serán, en su mayoría, de carácter social dentro del Tercer Sector, así como algunas empresas privadas. Aquellas entidades que ya colaboran con la Junta de Comunidades y cumplan con los criterios establecidos tendrán prioridad en el proceso de acogimiento.
El plazo para presentar solicitudes para acceder a estas subvenciones será de 10 días hábiles, comenzando a contar desde la publicación de la orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Un comité de valoración de expertos se encargará de la adjudicación de las ayudas.
La consejera enfatizó que esta colaboración refleja el compromiso del Gobierno regional con el bienestar infantil y la estabilidad de las entidades involucradas, permitiéndoles contar con los recursos económicos necesarios y simplificando los trámites administrativos. Sin embargo, también advirtió que la orden contempla la posibilidad de revisión en circunstancias excepcionales, lo que permitirá realizar modificaciones según los precios y las retribuciones del personal.
