El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha revelado que los servicios jurídicos de su Gobierno están evaluando la posible inconstitucionalidad del reparto de los ingresos generados por el impuesto a la banca. Durante un acto de firma de acuerdos con el Gobierno de Extremadura en la capital de esa comunidad, García-Page anunció que, una vez que su Ejecutivo reciba el dictamen de su gabinete jurídico, se tomará una decisión al respecto.
García-Page expresó su desacuerdo con la redistribución de lo recaudado, argumentando que aunque se puede estar a favor de la implementación de un impuesto, no tiene sentido que los más ricos se beneficien más que los más humildes. «Se puede estar de acuerdo en poner un impuesto, pero si el planteamiento es coger dinero vía fiscal de los que más tienen, no tiene sentido redistribuirlo llevándose más los más ricos y menos los más humildes», afirmó. Además, destacó que este enfoque carece de «base moral» y «raíz progresista». Ante esta situación, el presidente de Castilla-La Mancha no descarta la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si se confirma que el reparto es inconstitucional.
