El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reafirmado la postura del Ejecutivo regional respecto a los planes de financiación del Gobierno español con Cataluña, subrayando que estos se orientan hacia un «concierto en toda regla». Sin embargo, Ruiz Molina ha señalado que aún quedan «matices cuantitativos» sin determinar, como la cantidad que Cataluña tendría que aportar a las arcas estatales.
Durante una rueda de prensa, el consejero no dudó en expresar su escepticismo sobre la propuesta de Cataluña de establecer un «fondo de solidaridad», que catalogó como «gracioso». Desde su punto de vista, la propuesta de un concierto financiero no solo crea un «privilegio» para la región catalana, sino que implica una estimación de hasta 30.000 millones de euros que el Estado dejaría de recibir de Cataluña.
Ruiz Molina ha manifestado sus «dudas» sobre la «constitucionalidad» del posible acuerdo que el Gobierno español busca formalizar con ERC, lo que añade un nivel de complejidad al contexto de financiación autonómica. En este sentido, destacó la urgencia de un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas, advirtiendo que este no debe omitir un fondo de compensación que beneficie a Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, regiones que, según el consejero, sufren una verdadera infrafinanciación.
A pesar de las quejas de Cataluña sobre la percepción de que recibe menos de lo que le corresponde, Ruiz Molina refutó las bases del preacuerdo entre el PSC y ERC al señalar que Cataluña ya está recibiendo lo que le corresponde según las normativas actuales. Con un llamado a la justicia en la distribución de recursos, el consejero abogó por un sistema que redistribuya la riqueza teniendo en cuenta factores como la población y su densidad, rechazando la idea de que una región pueda recibir más en función de sus aportaciones monetarias.
Por último, Ruiz Molina advirtió que si la estrategia fiscal que se persigue en Cataluña logra prosperar, el Consejo de Política Fiscal y Financiera podría perder su capacidad de regulación, ya que la financiación futura dependería de las decisiones de Cataluña. En su análisis, también enfatizó el riesgo de desolidarización que plantea el enfoque actual de las reivindicaciones fiscales catalanas, sugiriendo que un acuerdo de este tipo llevaría a una fragmentación de la riqueza del país, lo cual debería estar subordinado al interés general.
