La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha expresado su postura respecto a la reciente aprobación de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad por parte del Gobierno de España. Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, Padilla subrayó la necesidad de que esta reforma venga acompañada de una financiación adecuada, ya que son las comunidades autónomas las responsables de prestar los servicios derivados de estas leyes.
Padilla advirtió que, si el Gobierno de España desea avanzar en las prestaciones, es esencial que esa decisión se traduzca en un respaldo financiero. De lo contrario, aseguró, «será materialmente imposible e insostenible la aplicación de esas leyes». La consejera recordó que estas normas ya habían sido «infrafinanciadas» en su origen por el Partido Popular, y apuntó que, en la actualidad, siguen siendo insuficientes.
A pesar de las críticas, Padilla hizo hincapié en que algunas de las mejoras propuestas en la reforma ya se implementan en Castilla-La Mancha. Un ejemplo de ello es la garantía del servicio de teleasistencia para las personas dependientes, que lleva años en funcionamiento en la comunidad, específicamente para mayores de 65 años. Esto evidencia los esfuerzos previos del Gobierno regional en el ámbito de la atención a la dependencia, aunque la consejera insiste en la necesidad de un apoyo financiero sólido para garantizar la efectividad de las nuevas reformas propuestas.