El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido una carta al propietario del aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas, en la que se le informa que en los próximos días será programada una inspección de las instalaciones. Esta decisión surge en medio de la controversia relacionada con la posible utilización del aeropuerto como centro de acogida para inmigrantes.
En el escrito, firmado por la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, se indica que se abre un proceso de audiencia para que la empresa propietaria del aeropuerto presente su postura y detalle las acciones realizadas en relación con el uso de las instalaciones. El Gobierno regional, liderado por Emiliano García-Page, ha advertido que se reserva el derecho a ejercer acciones para restaurar la ordenación territorial y urbanística, así como otras acciones que puedan surgir de la situación.
Según la comunicación, la inquietud por la utilización del aeropuerto se intensificó tras recibir una carta de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, quien constató la existencia de obras en el aeropuerto que no contaban con las autorizaciones necesarias. Se observó que estas actuaciones no se alineaban con el uso previsto para dichas instalaciones, que fueron desarrolladas bajo un Proyecto de Singular Interés (PSI) con normativas específicas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que podría haber un expediente sancionador contra la empresa, recordando que aunque la competencia principal recae en el Ayuntamiento, la región tiene la responsabilidad de investigar debido a la magnitud de las posibles infracciones, que podrían afectar a varios municipios.
Se destaca la urgencia de esclarecer los hechos ante lo que se percibe como una potencial vulneración del ordenamiento jurídico, especialmente en un contexto de preocupación social por esta cuestión. La misiva señala que un centro de acogida para inmigrantes no está contemplado en los usos definidos para el aeropuerto y se considera incompatible con el plan director de la instalación.
La carta también menciona las posibles sanciones que podría enfrentar la empresa por infracciones urbanísticas, que podrían incluir la inhabilitación para llevar a cabo actividades relevantes en materia urbanística, la expropiación de terrenos o la demolición de cualquier construcción vinculada al supuesto centro de inmigrantes.
Por último, se hace referencia a un posible acuerdo de confidencialidad entre el aeropuerto y el Gobierno de España, aclarando que tal acuerdo no exime a la empresa de proporcionar información relevante durante la investigación que lleva a cabo la autoridad competente, subrayando la necesidad de cumplir con las normativas establecidas.
