El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su posición ante el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, programado para el 26 de febrero, subrayando que la condonación o quita de deuda no debe ser entendida como una compensación por la infrafinanciación a la que ha estado sometida la comunidad autónoma. La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, aclara que estos dos aspectos deben ser considerados de manera independiente.
Esta declaración surge en el contexto de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que en la próxima reunión se discutirá un modelo para la condonación de deuda dirigido a las comunidades autónomas. No obstante, Padilla ha señalado que todavía no se ha recibido convocatoria oficial alguna que detalle el orden del día del consejo.
El Ejecutivo castellanomanchego se encuentra a la expectativa sobre los criterios que se aplicarán para este modelo, aunque han enfatizado que su postura ha sido clara y constante: la condonación de deuda no debe vincularse a la infrafinanciación de las comunidades. Según Padilla, esta deuda ha sido, en gran medida, resultado de una infrafinanciación que ha persistido durante más de 15 años, y el modelo actual de financiación ya ha caducado.
El Gobierno de Castilla-La Mancha sostiene que, en primer lugar, se debería abordar la situación de la infrafinanciación mediante un fondo complementario antes de proceder a la condonación de la deuda. Este enfoque aboga por una solución equitativa para todas las comunidades autónomas, priorizando aquellas que enfrentan una clara falta de financiación.
Además, Padilla hizo hincapié en la necesidad de recordar la propuesta que su Gobierno presentó en 2022, la cual incluía criterios para un nuevo modelo de financiación que considerara factores demográficos y geográficos, así como la creación de un fondo específico para abordar la despoblación, un tema de vital importancia para la región. La portavoz hizo un llamado al Partido Popular para que se familiarizara con estas propuestas, reiterando que los criterios defendidos son para el beneficio y la equidad de Castilla-La Mancha.
