El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado la necesidad de establecer un sistema de financiación que garantice a la ciudadanía un acceso equitativo a servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Este planteamiento fue realizado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el desarrollo del VI Foro Tax Global Meeting celebrado en Cádiz. Este foro reunió a representantes del sector privado, instituciones públicas y académicas, con el objetivo de analizar cuestiones estratégicas relacionadas con los sistemas fiscales.
En el marco de este evento, Ruiz Molina participó en una mesa de debate junto a sus homólogos de Hacienda de las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid, donde se abordaron los retos actuales de la financiación territorial y los desafíos políticos y financieros que enfrentan. El consejero subrayó la importancia de llegar a un consenso entre las comunidades autónomas para ponderar los costos de los servicios públicos, enfatizando la necesidad de determinar el valor de la población ajustada en cada territorio.
Ruiz Molina también destacó la urgencia de reestructurar la deuda de Castilla-La Mancha, la cual se ha visto afectada por dos factores principales: el comportamiento inadecuado del modelo de financiación actual y un porcentaje de la deuda derivado de la crisis financiera de 2007. En este sentido, expresó la disposición del Gobierno regional para dialogar con el Estado, señalando que tal diálogo podría reducir significativamente la carga de intereses que actualmente soportan. El consejero apuntó a la necesidad de un fondo transitorio que compense a aquellas comunidades que están siendo desfavorecidas por el modelo actual hasta que se establezca uno nuevo.
Por otro lado, durante su intervención, el consejero mostró su oposición al concierto económico de Cataluña, argumentando que este sistema de financiación específico vulneraría el principio de igualdad y contribuiría a fragmentar la riqueza nacional. Según Ruiz Molina, este tipo de acuerdo supondría un grave atentado a la cohesión territorial y al principio de redistribución de la renta que la Constitución garantiza. En conclusión, el consejero expresó su rechazo a cualquier modelo de financiación que se negocie de manera bilateral, ya que esto podría comprometer el futuro de la financiación de las demás comunidades autónomas.
