En una tensa conferencia realizada el 14 de abril de 2025, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, se atrincheró en su decisión de no devolver a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador por un error, a pesar de una orden explícita del Tribunal Supremo de Estados Unidos que exige su regreso. Este acto de desafío de Bukele parece desatar una compleja disputa legal y diplomática entre El Salvador y Estados Unidos, subrayando la firme postura del presidente salvadoreño contra lo que él califica como la liberación de «terroristas».
La declaración de Bukele se produjo durante un encuentro con el ex presidente estadounidense Donald Trump, en el que expresó vehementemente su intención de no acatar la orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos. «¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos?», afirmó Bukele, marcando su posición contra la liberación de individuos vinculados a actividades criminales. Esta situación pone de manifiesto la política de mano dura de Bukele contra el crimen, una política que le ha valido tanto apoyo como crítica dentro y fuera de su país.
Por otro lado, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, indicó que el destino de Ábrego García no está en manos del gobierno estadounidense sino del salvadoreño, ya que actualmente se encuentra bajo su custodia. Esta afirmación revela la complejidad del asunto y la delicada coordinación que requiere la política de deportación y detención entre los dos países.
La deportación de Ábrego, junto con otros 250 migrantes indocumentados, fue catalogada como un «error administrativo» por la administración de Trump. Según el Gobierno de Estados Unidos, Ábrego, a pesar de no poseer antecedentes penales, estaba vinculado a la Mara Salvatrucha y residía ilegalmente en el país desde 2019. La situación de Ábrego plantea interrogantes sobre los criterios y procesos de deportación y la importancia de garantizar que las medidas no violen los derechos humanos o las leyes internacionales.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, que incluye una prestación de seis millones de dólares por el uso de la prisión de máxima seguridad en El Salvador, refleja una colaboración en materia de seguridad y migración que, sin embargo, no ha estado exenta de controversia. La decisión de Bukele de no devolver a Ábrego a pesar de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense pone en relieve el desafío constante que representan las políticas de migración y seguridad para las relaciones internacionales.
La firmeza de Bukele al no querer devolver a Ábrego a Estados Unidos, calificando la decisión como un acto contra la liberación de terroristas en su país, resalta la política de seguridad de su gobierno, la cual ha declarado a El Salvador como el país más seguro del continente. No obstante, esta postura también genera tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre el respeto a los derechos y procesos legales de los migrantes. El desenlace de este caso podría marcar un precedente significativo para futuras situaciones similares entre estos dos países y posiblemente otros dentro de la región.
