Durante el régimen de excepción implementado en El Salvador para combatir a las pandillas, casi 4,000 violaciones a derechos humanos han sido denunciadas, poniendo al gobierno de Nayib Bukele en el foco de críticas. De acuerdo con la ONG Cristosal, estas violaciones comprenden un elevado número de detenciones arbitrarias, que constituyen el 96,76% de los casos, seguidas de allanamientos ilegales y reportes de malos tratos, afectando principalmente a jóvenes entre 18 y 30 años y a miembros de la comunidad LGBTIQ+, mostrando una tendencia hacia la criminalización de la juventud y abuso de autoridad por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil.
El régimen de excepción, activo desde marzo de 2022 tras un aumento en la violencia atribuida a las pandillas, ha llevado a más de 78,500 detenciones. Aunque ha habido una reducción en la tasa de homicidios y parte de la población aprueba las medidas, organizaciones como Amnistía Internacional advierten sobre una creciente crisis de derechos humanos y acusan al Estado salvadoreño de evadir sus obligaciones internacionales en este ámbito.
Frente a las críticas, el gobierno salvadoreño defiende el régimen de excepción como una estrategia efectiva contra la violencia de las pandillas, argumentando mejoras en la seguridad nacional. Sin embargo, la comunidad internacional y varias ONGs argumentan que la seguridad no debe lograrse a expensas de los derechos humanos, instando a una revisión de las políticas. La situación en El Salvador subraya la importancia de balancear la seguridad con el respeto a las libertades fundamentales en la lucha contra la criminalidad.
