La Comisión Europea ha respondido a la petición ciudadana «Mi voz, mi elección», que, con más de un millón de firmas, exige permitir a las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo trasladarse a un país europeo donde esta opción sea legal. Aunque la respuesta ha sido mayormente negativa, la Comisión ha destacado la posibilidad de que los países miembros utilicen el Fondo Social Europeo (ESF+) para financiar el acceso al aborto, un cambio que abre oportunidades para que naciones como España, que apoyan la causa, destinen fondos a este fin.
A pesar de que no se creará un nuevo instrumento financiero específico para este propósito, la propuesta proporciona un margen para que los Estados soliciten modificaciones en su financiación nacional del ESF+. España, junto a otros países como Eslovenia, Suecia y Dinamarca, ha manifestado su intención de utilizar estas medidas para garantizar los derechos reproductivos, destacando que esto representa un avance significativo en la defensa de estos derechos a nivel europeo.
La comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, ha enfatizado que la propuesta ciudadana era comprensible y necesaria, pues busca un acceso seguro al aborto para todas las mujeres en Europa, independientemente de su situación económica o geográfica. Esta decisión también refleja la creciente inquietud sobre el bienestar de las mujeres, ya que se estima que medio millón de abortos no seguros ocurren cada año en el continente. Aunque las competencias sobre políticas de salud son nacionales, este enfoque permite a la UE contribuir al acceso seguro y digno a servicios de salud reproductiva.
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