El cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto a partir de 2027, ya no se discute solo en España. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha puesto por escrito su preocupación por el impacto que tendría el apagado de la planta en Extremadura y, en un borrador de recomendaciones tras su visita oficial a la zona, ha pedido revisar esa hoja de ruta. El texto no obliga al Gobierno español a cambiar de posición, pero sí añade presión política a un calendario que parecía más cerrado hace unos años.
La instalación extremeña tiene hoy unas fechas de referencia muy claras. Según el Consejo de Seguridad Nuclear, la autorización vigente de explotación caduca el 1 de noviembre de 2027 para la unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la unidad II. Sin embargo, el propio organismo confirmó ya en noviembre de 2025 que había recibido la petición formal para informar sobre una prórroga que permitiría operar ambas unidades hasta el 8 de junio de 2030.
Ese movimiento de las propietarias no se quedó aislado. El debate ha ido ganando intensidad en Bruselas y también en la política extremeña. La delegación de eurodiputados que visitó Almaraz y el entorno del Campo Arañuelo en febrero de 2026 concluyó que una decisión de este calibre no puede abordarse solo como una cuestión energética, sino también como un problema territorial, económico y social para una región que ya arrastra dificultades estructurales. En el borrador de conclusiones, la misión pide una evaluación de impacto transparente, más diálogo institucional y, de forma expresa, “revertir el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red”.
La posición europea tiene además un matiz político relevante. El borrador recuerda que la taxonomía de la Unión Europea considera la energía nuclear una actividad transitoria válida para la mitigación del cambio climático y recoge la preocupación de parte de los interlocutores sobre el papel de esta tecnología como respaldo estable frente a la intermitencia renovable, especialmente mientras no exista suficiente almacenamiento a gran escala. No es una defensa abstracta de la nuclear, sino una llamada a revisar si el calendario español sigue teniendo sentido en el contexto actual.
Un cierre con impacto más allá de la energía
En Extremadura, el debate sobre Almaraz nunca ha sido solo técnico. La central tiene un peso muy significativo en el empleo y en la actividad económica de la zona, y esa es precisamente una de las razones por las que Bruselas ha querido intervenir en el debate político. La misión europea advirtió de los riesgos demográficos y económicos que tendría el cierre de una instalación de este tamaño en una región menos desarrollada y pidió que cualquier transición energética vaya acompañada de medidas reales de diversificación económica y de creación de empleo local.
La preocupación territorial también ha alimentado una movilización ciudadana persistente. La plataforma “Sí a Almaraz, Sí al Futuro” llevó el caso a la Eurocámara al considerar que no estaba encontrando respuesta suficiente en España. Esa iniciativa fue la que acabó empujando la misión de eurodiputados y ha contribuido a internacionalizar un debate que hasta hace poco parecía limitado al pulso entre Gobierno, eléctricas y administración autonómica.
El frente político se mueve en Extremadura
A todo esto se suma un nuevo factor político: el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en Extremadura convierte la continuidad de Almaraz en una pieza importante del nuevo entendimiento entre ambos partidos. El texto pactado habla de “blindar la continuidad” de la central y contempla además una reducción progresiva de la ecotasa autonómica que grava su producción hasta su eliminación completa antes del final de la legislatura, con horizonte en enero de 2027.
Ese detalle no es menor. Significa que la defensa de Almaraz ya no es solo una reivindicación empresarial o local, sino también un compromiso político formal dentro del nuevo tablero extremeño. Y eso complica aún más cualquier intento de mantener intacto el calendario original sin coste político ni institucional.
Un plan que ya no parece tan cerrado
Lo que está en juego ahora no es solo una central. Lo que se discute es si el plan de cierre pactado en 2019 debe mantenerse tal cual o si necesita revisarse a la vista del nuevo escenario energético europeo, del debate sobre seguridad de suministro y del impacto socioeconómico sobre el territorio. El hecho de que el CSN ya tramite la solicitud de prórroga y de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya pedido frenar el cierre demuestra que la discusión sigue muy abierta.
Por ahora, el Gobierno central no ha modificado oficialmente el calendario. Pero la presión se acumula desde varios frentes a la vez: las empresas propietarias han pedido más tiempo, Bruselas ha cuestionado el cierre, y el nuevo pacto PP-Vox en Extremadura ha convertido la continuidad de Almaraz en una bandera política regional. Con ese contexto, el apagado previsto para 2027 ya no parece una simple cuenta atrás administrativa, sino una decisión mucho más discutida de lo que era hace apenas unos meses.
Preguntas frecuentes
¿Europa ha ordenado mantener abierta la central de Almaraz?
No. Lo que existe es un borrador de recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Tiene valor político, pero no obliga por sí mismo al Gobierno español.
¿Cuándo está previsto el cierre según la autorización actual?
La unidad I tiene como fecha de caducidad el 1 de noviembre de 2027 y la unidad II el 31 de octubre de 2028, según el CSN.
¿Se ha pedido ya una prórroga formal?
Sí. El CSN confirmó que recibió la solicitud para informar sobre una ampliación de la explotación hasta el 8 de junio de 2030.
¿Qué plantea el acuerdo PP-Vox en Extremadura sobre Almaraz?
El pacto incluye blindar la continuidad de la central y reducir progresivamente la ecotasa autonómica hasta su eliminación antes del final de la legislatura.
