Bruselas se encuentra en medio de una ola de calor que ha llevado las temperaturas a cifras record, alcanzando los 36 grados, algo inusual para la capital belga. En las calles, los habitantes luchan por encontrar formas de sobrellevar este fenómeno, enfrentándose a viviendas que, sin acondicionadores de aire, se convierten en auténticos hornos. En este contexto caluroso, la Comisión Europea ha presentado sus objetivos climáticos para 2040, marcando una reducción de emisiones del 90% respecto a 1990, con la ilusión de lograr la neutralidad climática para 2050, tal y como establece la Ley del Clima de 2021.
Sin embargo, la propuesta llega en un momento de tensión, pues algunos gobiernos de la UE, especialmente aquellos con economías dependientes de industrias altamente contaminantes como Italia y Polonia, demandan más flexibilidad. Un aspecto controvertido de la propuesta es el uso de “créditos”, que permitirían a los estados miembros comprar derechos de emisión de otros países. Bruselas ha fijado en un 3% el porcentaje de reducción de emisiones que se puede lograr a través de esta compra a partir de 2036.
El Ejecutivo comunitario aclara que estos créditos deben ser robustos y transparentes, una estrategia pensada para facilitar la colaboración con países del Sur Global en proyectos de sostenibilidad, como reforestación. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por el equipo científico que asesora a la Comisión, que ve en los créditos una forma de eludir las metas de descarbonización.
La división entre los estados miembros es palpable. Mientras que países como España y Dinamarca abogan por mantener la ambición climática, otros se aferran a la necesidad de flexibilidad. La rueda de prensa sobre las nuevas metas reflejó estas tensiones: el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, defendió la flexibilidad como un avance, mientras que Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, lo calificó como una “red de seguridad”, sugiriendo que algunos lo ven como una concesión necesaria.
El clima político en la UE ha cambiado notablemente desde las últimas elecciones en 2019, cuando los jóvenes clamaban por medidas más agresivas contra el cambio climático. Ahora, la región enfrenta preocupaciones más amplias, como el aumento en gastos de defensa y la necesidad de mejorar la competitividad económica, un desafío exacerbado por los altos precios de energía en comparación con otras potencias industriales.
La propuesta de la Comisión podría ser interpretada como un intento de mantener el rumbo en medio de un mar de divisiones. Los compromisos climáticos se presentan como pragmáticos y adaptados a la realidad actual, en lugar de ser un retroceso en las metas de descarbonización. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, subraya que el compromiso de la UE con la sostenibilidad sigue firme, aunque el camino propuesto sea más flexible.
Entre las dudas que suscitó la propuesta, algunos gobiernos creen que la UE podría estar quedándose sola en la lucha contra el cambio climático, argumentando que el enfoque actual podría poner en peligro su industria. En este sentido, la Comisión habló de evitar la rigidez de objetivos demasiado específicos, permitiendo que ciertos sectores adopten medidas más eficaces mientras otros puedan reducir sus emisiones de manera más lenta.
En medio de este complicado debate, la búsqueda de un equilibrio entre la ambición climática y el bienestar económico sigue siendo un desafío para la Unión Europea. En un momento donde las temperaturas alcanzan picos alarmantes, la necesidad de una acción contundente sobre el clima es tan urgente como nunca.
