En una decisión controvertida, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado un paso adelante hacia la adopción del denominado «modelo Albania» para la gestión de los flujos migratorios. Esta propuesta, promovida por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y basada en la creación de un costoso centro de detención en Albania, busca enviar a inmigrantes de terceros países considerados seguros, como Egipto, para su posterior deportación.
La iniciativa, que ha enfrentado múltiples obstáculos en los tribunales italianos, tiene como objetivo desahogar la tensión migratoria en algunos países europeos y establecer mecanismos más eficaces de retorno. A pesar de la resistencia de ciertos sectores, von der Leyen ha optado por abrir formalmente la puerta a este modelo, introduciendo una propuesta de regulación que, aunque no detalla específicamente la opción de acuerdos con terceros países, sí proporciona un marco legal para los Estados miembros que deseen implementar dichos mecanismos.
La propuesta de la Comisión Europea, que busca actualizar una directiva del año 2000, incluye medidas para agilizar los retornos, como el reconocimiento de las decisiones de expulsión entre los Estados miembros y el incremento del tiempo máximo de detención de 18 a 24 meses. También se enfatiza en la importancia de identificar rápidamente a las personas que representan un riesgo para la seguridad, asignándoles un trato preferencial en los procesos de expulsión.
Esta directiva ha suscitado un debate sobre la armonización de las políticas migratorias europeas, intentando cerrar la brecha entre las legislaciones más restrictivas de países como Austria, Hungría o Polonia, y aquellas más permisivas, como la de España. La propuesta hace especial énfasis en la seguridad, ligando la gestión migratoria al contexto del terrorismo y proponiendo una aproximación más dura para aquellos inmigrantes considerados una amenaza.
Aun siendo una propuesta inicial, el texto deberá ser debatido y acordado tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo de la Unión Europea, un proceso que, dada la composición más conservadora de la Eurocámara, podría inclinarse hacia un endurecimiento de las políticas migratorias. Este movimiento legislativo señala un potencial cambio significativo en el enfoque de la UE hacia la inmigración, uno que podría resonar a lo largo de los próximos años.
El apoyo discreto de von der Leyen al plan y la propuesta presentada por Magnus Brunner, reflejan el desplazamiento hacia políticas más conservadoras en el ámbito migratorio dentro de la Comisión Europea. En sus palabras, el nuevo sistema de retorno busca garantizar la deportación efectiva de aquellos sin derecho a permanecer en la UE, prometiendo con ello fortalecer la confianza en el sistema común europeo de asilo y migración. Sin embargo, este camino hacia una gestión más estricta de la inmigración plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, elementos que serán clave en los debates y las negociaciones que vendrán.
