En un giro dramático que sacude los cimientos políticos de Brasil, la Policía Federal ha formulado graves acusaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro y numerosos colaboradores, imputándoles la tentativa de abolir violentamente el Estado de derecho, la organización de un intento de golpe de Estado y su participación en una estructura criminal destinada a perpetuar el poder de Bolsonaro después de las elecciones de octubre de 2022.
Este pronunciamiento se basa en un meticuloso informe de más de 800 páginas, fruto de casi dos años de laboriosa investigación policíaca. Este documento compendia un vasto cuerpo de evidencia, incluidos registros bancarios y telefónicos, testimonios, arrestos e incautaciones, así como diversa información crucial para el caso. Ahora, el destino de esta acusación reposa en manos del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, quien se encargará de dirigir el procedimiento judicial subsiguiente.
Entre los acusados figura una serie de figuras destacadas del entorno de Bolsonaro: Walter Braga Netto, exministro de Defensa; Alexandre Ramagem, anterior director de Inteligencia; Augusto Heleno Ribeiro, exjefe de Seguridad de la Presidencia; y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, sumando un total de hasta 35 implicados.
Las acusaciones señalan intentos por socavar la democracia y alterar el orden constitucional, con cargos que incluyen la tentativa de golpe de Estado, con penas que pueden alcanzar hasta los 12 años de prisión; pertenencia a organización criminal, con hasta ocho años; y la abolición violenta del Estado de derecho, igualmente sancionada con hasta ocho años de cárcel.
La pesquisa subraya una serie de actos ocurridos tanto durante el periodo electoral como tras las elecciones de octubre de 2022, en las cuales Luiz Inácio Lula da Silva resultó electo, victoria que Bolsonaro demoró en reconocer. Durante este periodo, las tensiones escalaron con la intensificación de las protestas por parte de los seguidores de Bolsonaro.
Los investigadores destacan una presunta conspiración que recurrió a la desinformación para atacar a las instituciones democráticas brasileñas, cuestionando la integridad del proceso electoral e incitando a las fuerzas militares a rebelarse. Además, se indaga en la financiación de estas actividades y en el posible uso ilegítimo de la agencia de inteligencia del país.
Este episodio representa uno de los más críticos enfrentamientos entre la justicia brasileña y las figuras políticas vinculadas a intentos de subvertir el orden democrático, marcando un precedente significativo en la historia política reciente de Brasil.
