Los ministerios competentes del Gobierno han iniciado labores para «agilizar» las ayudas destinadas a los afectados por los incendios que han devastado diversas regiones de España a lo largo de este mes de agosto. Esta afirmación fue confirmada el miércoles por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien indicó que desde la aprobación de un acuerdo en el Consejo de Ministros, ya se tiene habilitado un mecanismo legal para proporcionar dichas ayudas a los damnificados.
Bolaños destacó que este acuerdo es inmediatamente ejecutivo, lo que implica que todos los ministerios pertinentes están trabajando activamente para facilitar la asistencia a las personas afectadas. Desde el pasado 24 de junio, se han registrado 121 emergencias de protección civil, de las cuales 114 corresponden a incendios forestales en 14 comunidades autónomas, incluidas Andalucía, Aragón, y Castilla-La Mancha.
El Gobierno ha activado el procedimiento para que todos los damnificados soliciten las ayudas estipuladas en la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil. La declaración de zonas gravemente afectadas se remonta a la reciente ola de incendios, que ha generado graves consecuencias en términos de daños personales y materiales. Hasta ahora, se han contabilizado ocho muertes y un número aún indeterminado de heridos, junto con daños significativos en infraestructuras y propiedad.
El acuerdo incluye ayudas directas del Ministerio del Interior para mitigar los efectos de estos sucesos, que abarcan desde compensaciones por daños personales y materiales hasta asistencia financiera a las corporaciones locales y a establecimientos comerciales e industriales. También se contempla la posibilidad de exenciones de tasas relacionadas con la Jefatura Central de Tráfico para trámites como la obtención de duplicados de permisos de circulación.
Además, otros ministerios están facultados para ofrecer beneficios fiscales, medidas laborales y ayudas específicas para los sectores afectados, como la agricultura y la ganadería. Cada departamento del Gobierno podrá declarar zona de actuación especial y activar la emergencia para reparar daños en infraestructura pública.
Con estas medidas, el Gobierno busca no sólo proporcionar asistencia inmediata a quienes han sufrido las devastadoras consecuencias de los incendios, sino también facilitar un proceso de recuperación efectivo y ágil para las comunidades afectadas.
