La Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales de Castilla-La Mancha ha abierto la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de educación para el desarrollo correspondientes al año 2024, con un presupuesto asignado de 345.890,00 euros. La información fue divulgada mediante una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recogida por Europa Press.
Las organizaciones interesadas disponen de un periodo de veinte días a partir de la publicación de esta convocatoria para presentar sus solicitudes. Cada proyecto podrá recibir una ayuda máxima de 25.000 euros. El objetivo de estas subvenciones es apoyar iniciativas que fomenten la educación para el desarrollo y que estén alineadas con los valores y directrices de cooperación internacional para el desarrollo impulsados por la viceconsejería.
Se invita a participar a entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España, que se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales y fiscales. Además, se permite la presentación de candidaturas conjuntas de dos o más organizaciones, cada una de las cuales debe cumplir por sí misma con los requisitos exigidos, ya sean agrupaciones con o sin personalidad jurídica propia.
Para la tramitación de las solicitudes, que deben estar firmadas electrónicamente, los interesados deberán dirigirse a la persona titular de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales. Las propuestas deben ser presentadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección web habilitada para tal efecto.
El proceso de instrucción de las solicitudes está a cargo del Servicio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la mencionada viceconsejería, y es responsabilidad de la persona al frente de la jefatura de servicio el elevar las propuestas de resolución correspondientes.
La administración establece un plazo máximo de tres meses para resolver y comunicar las resoluciones sobre la concesión de las subvenciones, contado a partir de la fecha de cierre del plazo de presentación. Este marco temporal es crucial tanto para los solicitantes como para los responsables de la gestión y asignación de los fondos, asegurando la debida diligencia y transparencia en el proceso.
