En un histórico fallo, el tribunal de Apelación de Bruselas ha hallado al Estado belga culpable de cometer crímenes de lesa humanidad por su política de segregación de niños mestizos durante la era colonial en el Congo. Ahora deberá indemnizar a cinco mujeres, actualmente septuagenarias, quienes nacieron en el Congo belga entre 1946 y 1950, hijos de madres congoleñas y padres colonos belgas, y fueron forzados a separarse de sus familias y llevados a orfanatos en un intento por el Estado belga de borrar su identidad y herencia mixta.
Esta decisión marca un precedente importante y posiblemente abrirá la puerta a futuras reivindicaciones legales de hasta 20,000 niños que se cree fueron víctimas de prácticas similares, arrancados de sus hogares únicamente por su origen racial. Este veredicto representa un cambio significativo respecto a la sentencia anterior del Tribunal Civil de Bruselas, que admitió la gravedad de los hechos pero no los clasificó de la misma manera en ese momento.
Los argumentos presentados ante el tribunal destacaron que estos secuestros constituyeron «actos inhumanos y persecución, constitutivos de crimen contra la humanidad según los principios del derecho internacional», según la corte. Aunque la cifra exacta de la compensación no ha sido detallada por la prensa local, los abogados de las demandantes habían solicitado 50,000 euros para cada una, además del cubrimiento de costos legales del proceso.
La comunidad internacional y los observadores legales ven este fallo no solo como un acto de justicia para las víctimas directas, sino también como un reconocimiento de los horrores perpetuados bajo el colonialismo belga y la responsabilidad continua del Estado en reconocer y compensar esos actos. Michèle Hirsch, abogada de las demandantes, calificó la sentencia como «una victoria», subrayando que estas mujeres representan «la prueba viviente de un crimen de Estado no confesado» y enfatizó la importancia de este reconocimiento para las futuras generaciones, quienes aún cargan con el legado traumático de estos crímenes.
Este caso resuena más allá de las fronteras de Bélgica, instando a otras naciones a enfrentar y rectificar los crímenes cometidos bajo el colonialismo. Además, subraya la necesidad crítica de preservar la memoria histórica y asegurar que los horrores del pasado no se olviden, como medio tanto de curación como de prevención de futuras injusticias.
