Denuncias de persecución y silencio como estrategia
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, compareció ante la comisión impulsada por la Asamblea de Madrid, presidida por el PP, para abordar las supuestas irregularidades en su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Sin embargo, Gómez decidió no responder a las preguntas y denunció el carácter político de la causa, impulsada por organizaciones y partidos de extrema derecha.
Antes de su intervención, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, desmintió las principales acusaciones relacionadas con la cátedra extraordinaria que dirigió Gómez, asegurando que el proceso fue “totalmente legal y transparente”. Además, subrayó que la cátedra fue financiada por empresas privadas y que no implicaba funciones académicas formales.
Goyache y las aclaraciones sobre la cátedra
El rector explicó que la cátedra extraordinaria fue creada con el respaldo de Reale Seguros y Fundación La Caixa, destacando que Gómez actuaba como gestora, sin necesidad de contar con títulos superiores o doctorados. Afirmó que los procesos fueron regulares y calificó como una “aberración” la idea de que Gómez haya recibido trato de favor por ser la esposa del presidente. Además, negó haber sido presionado para contratarla y desmintió cualquier irregularidad penal vinculada a facturas relacionadas con la cátedra.
Un clima de enfrentamiento político
La comparecencia estuvo marcada por un ambiente tenso, con preguntas de representantes de PP y Vox cargadas de insinuaciones y ataques personales. Mercedes Zarzalejo, diputada del PP, acusó a Gómez de “abusar de su condición de esposa del presidente” para construir una carrera profesional, mientras que Ana Cuartero, de Vox, señaló a Pedro Sánchez como “autor intelectual de la trama”, calificando a Gómez como “testaferro”.
El papel de la oposición y las críticas a la comisión
Diputados de PSOE y Más Madrid denunciaron que la comisión tiene un objetivo político, describiéndola como un intento de “linchar al presidente atacando a su esposa”. Además, cuestionaron la legitimidad del proceso, señalando que el PP ha bloqueado repetidamente investigaciones sobre temas de mayor trascendencia, como las muertes en residencias durante la pandemia.
